La reciente decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de revocar la cesión de la jurisdicción a Guinea Ecuatorial para investigar el presunto secuestro y desaparición de cuatro miembros del Movimiento para la Liberación de Guinea Ecuatorial-Tercera República (MLGE3R) es, sin duda, un acierto.

El juez Santiago Pedraz ha sido criticado por confundir las reglas de atribución de la jurisdicción extraterritorial, al creer que podía ceder algo de lo que España carece. Esta confusión semántica tiene consecuencias procesales y prácticas propias de la cesión de jurisdicción, algo que está vetado a los Juzgados de Instrucción y que requiere de un tratado internacional que la avale.

Es importante destacar que la transformación de la causa de procedimiento abreviado a sumario no supone dejar sin efecto el auto de cesión, como ha argumentado el juez Pedraz. La cesión de jurisdicción debe ser resuelta por el Tribunal Supremo, y no por el juez instructor. No se puede tomar una decisión basada en suposiciones o en la falta de pruebas concretas sobre la disposición de Guinea Ecuatorial para llevar a cabo la investigación.

El magistrado argumenta que no es necesario concretar las causas para este caso concreto, pero la realidad es que es fundamental analizar las circunstancias específicas de cada caso para decidir si concurre la cláusula de salvaguarda. En este sentido, el Tribunal Supremo ha establecido requisitos claros para declinar la competencia jurisdiccional, como se vio en el caso Carmelo Soria de Chile.

Es relevante señalar que Guinea Ecuatorial ha iniciado un procedimiento por los mismos hechos y contra los mismos investigados, y está llevando a cabo diligencias. Además, ha solicitado al juzgado que se haga ofrecimiento de acciones y remisión de declaraciones, lo que permite a los perjudicados personarse en el procedimiento y controlar la salvaguarda.

Los hechos investigados, que habrían ocurrido en un viaje de Madrid a Yuba, son de extrema gravedad. El presunto secuestro y tortura de los miembros del MLGE3R son acciones que deben ser investigadas exhaustivamente y castigadas en caso de ser ciertas. Sin embargo, es fundamental que esta investigación se realice de manera adecuada, respetando los principios de jurisdicción y colaboración entre países.

En conclusión, la decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de revocar la cesión de la jurisdicción a Guinea Ecuatorial es acertada y se ajusta a los principios legales y procesales. Es importante que la justicia prevalezca, pero siempre dentro del marco jurídico establecido.