La reciente propuesta de la Abogada General de la Unión Europea de desestimar el recurso de casación presentado por Aeris Invest contra el fallo del Tribunal General en el caso de la devolución del dinero a los accionistas de Banco Popular es una decisión que plantea serias preocupaciones.
En primer lugar, es importante destacar que la Abogada General reconoce que la Junta Única de Resolución (JUR) y la Comisión Europea no incurrieron en un error manifiesto de apreciación al considerar que Banco Popular enfrentaba grandes dificultades o probablemente lo haría en el futuro. Sin embargo, esta afirmación plantea interrogantes sobre la forma en que se tomaron estas decisiones y si se tuvieron en cuenta todas las circunstancias relevantes.
Además, la opinión de la Abogada General no es vinculante para el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), pero se ha observado que la mayoría de las sentencias del TJUE siguen la línea marcada por estos dictámenes. Esto plantea dudas sobre la independencia y la imparcialidad del tribunal, ya que parece que existe una tendencia a seguir las recomendaciones de la Abogada General sin un análisis exhaustivo de cada caso.
Por otro lado, es preocupante que la Abogada General defienda el examen del presunto comportamiento culposo de la JUR en el marco de la pretensión de indemnización de daños presentada por Aeris Invest. Esto sugiere que la responsabilidad de la JUR podría ser cuestionada, lo que podría tener repercusiones significativas para otros casos similares en el futuro.
En resumen, la propuesta de la Abogada General de desestimar el recurso de casación de Aeris Invest plantea serias preocupaciones sobre la forma en que se tomaron las decisiones relacionadas con la disolución de Banco Popular. La falta de transparencia y el seguimiento acrítico de las recomendaciones de la Abogada General por parte del TJUE plantean interrogantes sobre la imparcialidad y la independencia del tribunal. Además, la posibilidad de cuestionar la responsabilidad de la JUR en casos de indemnización de daños puede tener implicaciones significativas para futuros casos similares. En consecuencia, es necesario realizar un análisis más exhaustivo y transparente de este asunto para garantizar la justicia y la equidad en el sistema legal de la Unión Europea.