La noticia sobre la presunta estafa de Nueva Rumasa pone de relieve una serie de deficiencias en la estructura y funcionamiento del grupo empresarial. Según el inspector jefe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF), la emisión de pagarés no fue ordenada ni estructurada, lo que pone en evidencia una falta de planificación y control en las actividades financieras del grupo.
Uno de los aspectos más preocupantes es la falta de una estructura que pudiera responder ante futuras reclamaciones de la inversión realizada. Esto indica una falta de transparencia y responsabilidad por parte de los responsables de Nueva Rumasa, lo que ha llevado a que los inversores no puedan recuperar su dinero.
Además, el inspector jefe señala que el grupo se encontraba en una situación de necesidad de liquidez, lo que les llevó a emitir pagarés y utilizar estrategias publicitarias llamativas para atraer a los inversores. Esta falta de liquidez y la incapacidad de devolver los intereses y el principal de los pagarés ha llevado a la presentación de denuncias y querellas en la Audiencia Nacional.
Otro aspecto preocupante es el uso de testaferros y personas de confianza para llevar a cabo actividades financieras y el establecimiento de una «rama internacional» con más de 100 sociedades domiciliarias en países offshore. Esto indica un intento de ocultar y proteger los activos del grupo en caso de embargo o restricciones a la venta de los mismos.
En cuanto al rol de los acusados, se destaca la falta de una definición clara de las funciones de cada uno. Aunque el patriarca se encargaba de la relación con las entidades financieras y uno de sus hijos era considerado el financiero de la familia, no existía una especialización clara y los límites entre los distintos negocios se cruzaban.
En resumen, la noticia revela una falta de planificación, control y transparencia en las actividades financieras de Nueva Rumasa, lo que ha llevado a una presunta estafa que ha afectado a numerosos inversores. Es necesario que se investigue a fondo este caso y se impongan las correspondientes sanciones a los responsables, con el fin de garantizar la protección de los derechos de los afectados y evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.
