Artículo de opinión: La falta de garantías procesales en la causa de ‘Tsunami Democràtic’
El reciente plazo de 24 horas otorgado por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón a los investigados en la causa de ‘Tsunami Democràtic’ para que proporcionen sus «direcciones inequívocas» con el fin de recibir las citaciones para declarar, plantea serias preocupaciones sobre las garantías procesales en este caso.
En primer lugar, resulta alarmante que se les solicite a los investigados que proporcionen sus direcciones de forma previa a la emisión de las citaciones. Esta medida parece ir en contra del principio fundamental de presunción de inocencia, ya que presupone la culpabilidad de los investigados antes incluso de que se haya llevado a cabo un proceso legal adecuado. Además, podría considerarse una violación de la privacidad y el derecho a la intimidad de los individuos involucrados.
Además, resulta preocupante que el juez haya ordenado a la policía averiguar el domicilio y paradero de tres investigados. Esta acción plantea interrogantes sobre la imparcialidad del juez y la legalidad de sus métodos de investigación. La labor de la policía no debería estar dirigida a perseguir a los investigados, sino a recopilar pruebas objetivas y llevar a cabo una investigación imparcial.
Es importante recordar que, según los principios del Estado de Derecho, todo individuo tiene derecho a un juicio justo y a todas las garantías procesales necesarias. Esto incluye el derecho a ser notificado adecuadamente de las citaciones para comparecer ante el tribunal, así como el derecho a ser representado por un abogado competente y a presentar pruebas en su defensa.
El hecho de que el juez haya otorgado tan poco tiempo para que los investigados proporcionen sus direcciones y que haya ordenado la búsqueda de los domicilios de algunos de ellos, plantea serias dudas sobre si se están respetando estos derechos fundamentales. Además, la convocatoria para declarar vía videoconferencia puede limitar aún más la capacidad de los investigados para ejercer su derecho a la defensa, ya que se ven privados del contacto directo con su abogado y del acceso pleno a los medios necesarios para presentar pruebas.
En conclusión, la actuación del juez García Castellón en la causa de ‘Tsunami Democràtic’ plantea serias preocupaciones sobre las garantías procesales y el respeto a los derechos fundamentales de los investigados. Es fundamental que se garantice un juicio justo y que se respeten los principios del Estado de Derecho en todos los casos, independientemente de la naturaleza de los delitos investigados. Solo así se podrá mantener la confianza de la sociedad en el sistema judicial y asegurar que se haga justicia de manera imparcial y equitativa.
