La noticia presenta el último auto del juez de la Audiencia Nacional que investiga el papel de la plataforma ‘Tsunami Democràtic’ en los disturbios posteriores a la sentencia del juicio del ‘procés’ a los independentistas catalanes. En este auto, el juez argumenta que los hechos encajan en el delito de terrorismo, citando tres convenios internacionales para respaldar su tesis. Además, el juez afirma que Tsunami Democràtic fue una organización estructurada y con vocación de permanencia, cuya finalidad era subvertir el orden constitucional y desestabilizar el Estado.
Esta noticia plantea varios puntos críticos. En primer lugar, es cuestionable la calificación de los hechos como delito de terrorismo. Si bien es cierto que los disturbios fueron graves y causaron daños, no parece haber elementos suficientes para considerarlos como actos terroristas. El uso del término «terrorismo» puede tener implicaciones graves y debe ser utilizado con cautela y precisión.
En segundo lugar, la afirmación de que Tsunami Democràtic fue una organización estructurada y con vocación de permanencia parece exagerada y sin fundamentos sólidos. No se presentan pruebas concretas de una estructura organizativa clara ni de una planificación a largo plazo. Es importante recordar que las protestas y movilizaciones sociales pueden surgir de manera espontánea y no necesariamente implican la existencia de una organización formal.
En tercer lugar, el hecho de que se mencione la posible participación de Omnium y del expresidente Carles Puigdemont en la creación de Tsunami Democràtic sin pruebas contundentes también es motivo de preocupación. Las acusaciones deben basarse en evidencia sólida y no en meras insinuaciones.
Por último, es relevante señalar que la investigación ha requerido actuaciones fuera del territorio nacional, lo cual puede plantear dificultades en términos de cooperación judicial internacional y respeto a los derechos fundamentales. Es esencial que cualquier investigación se realice dentro del marco legal y respetando los principios de proporcionalidad y garantías procesales.
En conclusión, esta noticia plantea interrogantes sobre la calificación de los hechos como terrorismo, la existencia de una organización estructurada y la participación de terceros en los disturbios. Es importante analizar críticamente la evidencia presentada y asegurarse de que se respeten los derechos fundamentales en cualquier proceso judicial.