La reciente decisión de la Fiscalía de la Audiencia Nacional de archivar las diligencias preprocesales abiertas contra Arnaldo Otegi, líder de EH Bildu, por su presunta participación en crímenes de ETA cometidos entre los años 1978 y 1983, resulta profundamente preocupante. Esta decisión pone en entredicho la capacidad del sistema judicial español para investigar y juzgar los crímenes cometidos por terroristas en el pasado.

La denuncia presentada por la asociación Dignidad y Justicia solicitaba a la Fiscalía que investigara las acusaciones de 12 miembros de ETA, quienes habrían incriminado a Otegi en distintos hechos delictivos. Estos crímenes incluían secuestros, asesinatos y atracos, algunos de los cuales habrían sido ordenados por Otegi. Sin embargo, la Fiscalía ha argumentado que los hechos denunciados están prescritos o ya fueron juzgados, por lo que no procede la reapertura de los casos.

Esta resolución genera importantes interrogantes sobre la eficacia y la imparcialidad del sistema judicial español. Resulta sorprendente que las «revelaciones» a las que hacía referencia la asociación fueran conocidas por un medio de comunicación y no por las autoridades fiscales y judiciales. Esto pone en duda la capacidad de las instituciones para investigar adecuadamente los crímenes cometidos por ETA durante décadas.

Además, resulta especialmente preocupante que algunos de los delitos denunciados no hayan sido juzgados en su totalidad. La asociación Dignidad y Justicia señala que Otegi solo ha sido juzgado por tres de los nueve secuestros en los que se le implica. Esto plantea serias dudas sobre la integridad del sistema judicial y la capacidad para garantizar la justicia para las víctimas de ETA.

Es importante recordar que ETA ha sido responsable de numerosos crímenes atroces durante décadas, dejando un rastro de dolor y sufrimiento en la sociedad española. La impunidad de los responsables de estos crímenes socava la confianza en el sistema judicial y envía un mensaje preocupante a las víctimas y a la sociedad en general.

Es fundamental que se realicen investigaciones exhaustivas y rigurosas para esclarecer los crímenes cometidos por ETA y asegurar que los responsables sean llevados ante la justicia. La impunidad no puede ser tolerada en una democracia que se basa en el respeto al estado de derecho.

En conclusión, la decisión de la Fiscalía de archivar las diligencias preprocesales contra Arnaldo Otegi, líder de EH Bildu, por su presunta participación en crímenes de ETA, es una muestra preocupante de la falta de voluntad y capacidad del sistema judicial para investigar y juzgar los delitos cometidos por terroristas en el pasado. Esta situación socava la confianza en el sistema de justicia y envía un mensaje preocupante a las víctimas y a la sociedad en general. Es fundamental que se realicen investigaciones exhaustivas y se garantice la justicia para las víctimas de ETA.