El proyecto de ley orgánica del Derecho de Defensa que ha recibido el visto bueno del Consejo de Ministros es sin duda un paso en la dirección correcta para avanzar hacia un sistema de justicia más equitativo y accesible. No obstante, es importante analizar críticamente las propuestas que se plantean en este proyecto y evaluar si realmente cumplen con el objetivo de fortalecer nuestro sistema legal.

Una de las cuestiones que se destacan en este proyecto es la protección del secreto profesional del abogado. Si bien es necesario garantizar la confidencialidad de las comunicaciones entre los defensores de las partes, es preocupante que se establezca una prohibición absoluta de hacer valer estas comunicaciones en juicio, excepto en casos muy específicos. Esto podría limitar la capacidad de defensa de las partes y generar un desequilibrio en los procesos legales.

Otro punto a tener en cuenta es la reclamación sobre la información de los costos de los procedimientos. Si bien es importante que los ciudadanos tengan acceso a esta información, es fundamental asegurar que no se convierta en una barrera para acceder a la justicia. Es necesario buscar un equilibrio entre la transparencia y la garantía de una defensa efectiva.

Además, se destaca la necesidad de establecer un estándar uniforme en todos los juzgados y tribunales para evitar diferencias en la aplicación de los principios fundamentales del derecho de defensa. Si bien esta medida es loable, es importante asegurar que este estándar no limite la autonomía de los jueces y su capacidad para adaptarse a las circunstancias particulares de cada caso.

Por último, es fundamental abordar el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita para personas vulnerables o en situación de necesidad. Sin embargo, es importante garantizar que este derecho no se convierta en un mecanismo de abuso o fraude, y que se destinen los recursos necesarios para asegurar la calidad de esta asistencia jurídica.

En resumen, si bien el proyecto de ley orgánica del Derecho de Defensa representa una oportunidad para avanzar en la consolidación de un sistema de justicia más equitativo y accesible, es necesario analizar críticamente las propuestas que se plantean y asegurar que realmente fortalezcan nuestro sistema legal. Es responsabilidad de todos los actores involucrados en el proceso de tramitación parlamentaria garantizar que esta norma beneficie a toda la sociedad.