Artículo de opinión: La precariedad laboral en el sector público persiste a pesar de las promesas del Gobierno
La reciente afirmación del ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, de que España ha eliminado las causas que derivaron en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la precariedad laboral en el sector público, resulta cuestionable y merece una crítica fundamentada.
En primer lugar, es importante recordar que la sentencia del TJUE se basó en casos concretos y antiguos, lo que significa que la problemática de la precariedad laboral en el sector público no ha sido abordada de manera efectiva y sistemática hasta el momento. Aunque el ministro afirma que se están pidiendo aclaraciones a los tribunales europeos, esto no supone una solución tangible para los trabajadores afectados.
Es preocupante que el Gobierno se limite a afirmar que las causas que derivaron en la sentencia del TJUE han sido eliminadas, sin proporcionar detalles claros sobre las medidas concretas adoptadas. La supresión de la tasa de reposición y la promesa de hacer fijos a 300.000 trabajadores públicos a final de año no son suficientes para garantizar la estabilidad laboral en el sector público.
Además, resulta contradictorio que el ministro destaque la importancia de ver a los recursos humanos como una inversión en lugar de un coste, mientras que al mismo tiempo se aplaza la subida salarial del 2% comprometida para los funcionarios este año. Esta falta de compromiso con la mejora de las condiciones laborales de los empleados públicos demuestra una falta de coherencia en las políticas del Gobierno.
Asimismo, resulta preocupante que el ministro no haya proporcionado detalles concretos sobre la Oferta Pública de Empleo (OEP) de este año. Aunque se afirma que será «generosa», es necesario conocer datos exactos y compararla con anteriores OEP para evaluar su impacto real en la reducción de la precariedad laboral en el sector público.
Es evidente que el sector público en España no es suficientemente atractivo para los mejores profesionales. La falta de planificación y la perpetuación de estructuras obsoletas a través de la tasa de reposición han contribuido a esta situación. Es necesario un verdadero consenso entre los agentes sociales y sindicatos del sector público para lograr una transformación efectiva y modernizar la función pública.
En conclusión, la afirmación del ministro José Luis Escrivá sobre la eliminación de las causas que derivaron en la sentencia del TJUE sobre la precariedad laboral en el sector público es cuestionable y carece de fundamentos sólidos. A pesar de las promesas del Gobierno, la precariedad laboral persiste y se requieren acciones concretas y efectivas para garantizar la estabilidad y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores públicos en España.