España enfrenta una situación preocupante al ser llevada ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no haber finalizado la revisión de sus planes hidrológicos de cuenca y sus planes de gestión del riesgo de inundaciones, tal como exige la directiva del agua y la directiva sobre inundaciones respectivamente.
La Comisión Europea ha decidido también llevar ante la justicia europea a otros países como Bulgaria, Irlanda, Malta y Eslovaquia, quienes al igual que España, recibieron cartas de emplazamiento formal y dictámenes motivados por no haber actualizado ni revisado sus planes correspondientes.
Es alarmante que España, junto a Malta y Portugal, no haya informado completamente sobre su tercer plan hidrológico de cuenca y su segundo plan de gestión del riesgo de inundaciones. La falta de cumplimiento de estas directivas es una clara señal de que los esfuerzos de las autoridades españolas han sido insuficientes hasta la fecha.
La directiva marco del agua tiene como objetivo garantizar una buena salud cualitativa y cuantitativa de las masas de agua europeas, reducir y eliminar la contaminación, y asegurar el suministro suficiente de agua para satisfacer las necesidades humanas y de la vida silvestre. Cumplir con esta directiva es esencial para alcanzar los objetivos climáticos, naturales y de reducción de la contaminación establecidos en el Pacto Verde Europeo.
Por otro lado, la directiva sobre inundaciones es fundamental para la preparación y gestión de desastres naturales. Es crucial que los Estados miembros actualicen e informen sus planes de gestión de cuencas hidrográficas cada seis años, ya que estos planes, que incluyen medidas específicas, son clave para garantizar el buen estado de todas las masas de agua, tal como lo exige la directiva.
La falta de cumplimiento por parte de España en estas áreas críticas plantea serias preocupaciones. Es necesario que el Gobierno español tome medidas inmediatas y efectivas para cumplir con las directivas de la Unión Europea. La protección y gestión adecuada de nuestros recursos hídricos y la preparación para desastres naturales son cuestiones de vital importancia que no deben descuidarse.
El incumplimiento de estas directivas no solo tiene consecuencias ambientales, sino también legales y financieras para España. Es fundamental que las autoridades tomen conciencia de la gravedad de la situación y trabajen diligentemente para cumplir con las obligaciones establecidas por la Unión Europea.
En resumen, la decisión de la Comisión Europea de llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por no haber finalizado la revisión de sus planes hidrológicos de cuenca y sus planes de gestión del riesgo de inundaciones es un claro indicativo de la falta de esfuerzo y compromiso por parte de las autoridades españolas. Es necesario que se tomen medidas inmediatas para cumplir con las directivas y garantizar la protección y gestión adecuada de nuestros recursos hídricos.