El reciente anuncio del Consejo General de la Abogacía Española de convocar elecciones para cubrir dos plazas de consejeros electivos entre abogados de reconocido prestigio ha despertado cierta preocupación en la comunidad legal. Si bien es cierto que la democracia y la participación son fundamentales en cualquier institución, resulta pertinente analizar si este proceso realmente garantiza la elección de los candidatos más cualificados y capaces.
En primer lugar, es importante destacar que la convocatoria de elecciones para los consejeros electivos se realiza en el marco de un pleno en el que participan todos los consejeros. Esto plantea la pregunta de si la elección es realmente libre o si existen influencias o presiones que puedan inclinar la balanza a favor de ciertos candidatos. ¿Qué garantías hay de que los consejeros ejerzan su voto de manera independiente y objetiva?
Además, el proceso de presentación de candidaturas y la documentación exigida también plantean dudas. Si bien es comprensible que se solicite una certificación expedida por el respectivo Colegio de Abogados del candidato, ¿qué medidas se tomarán para asegurar que esta certificación sea imparcial y no esté sujeta a favoritismos o intereses particulares? ¿Cómo se verificará que los candidatos no están inmersos en causas de prohibición, incompatibilidad o incapacidad, como establece el Estatuto General de la Abogacía?
Otro aspecto a considerar es el mandato de cinco años de los consejeros electivos. Si bien es importante que exista estabilidad en la gestión de un organismo como el Consejo General de la Abogacía, ¿no sería conveniente establecer un límite de mandato para fomentar la rotación y evitar la concentración de poder en determinados individuos?
En resumen, si bien la convocatoria de elecciones para los consejeros electivos puede parecer un paso en la dirección correcta hacia una mayor democracia y participación en el Consejo General de la Abogacía Española, es necesario cuestionar si realmente se están tomando las medidas adecuadas para garantizar un proceso transparente y objetivo. La comunidad legal merece contar con representantes cualificados y capaces, y es responsabilidad del Consejo asegurar que esto sea así.
