El TSXG sorprende con una decisión «inédita» sobre los eólicos, genera desacuerdo y advierte de las posibles «consecuencias»

La reciente decisión del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia de suspender más de media docena de proyectos eólicos ha generado un profundo debate. Sin embargo, es preocupante la actitud del presidente de la Xunta en funciones, Alfonso Rueda, al calificar esta decisión de «inédita» y cuestionar la objetividad de los magistrados.

Es importante recordar que el Tribunal Supremo ya había rechazado dos de las causas en las que se basaba el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia para la paralización de estos proyectos. Además, la sección tercera de la sala de lo contencioso-administrativo del TSXG ha planteado una triple cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE para determinar si la Xunta debió poner a disposición del público los informes sectoriales sobre los parques eólicos.

Estos informes sectoriales contienen información vital sobre diversos aspectos, como la materia forestal, el agua, el patrimonio natural y cultural, el turismo, la salud, la energía eléctrica y la seguridad aérea. Es fundamental que el público interesado tenga acceso a esta información y pueda formular alegaciones y participar en el proceso de toma de decisiones antes de que los parques sean aprobados.

Es inaceptable que el presidente de la Xunta evite mencionar al magistrado Luís Villares, quien participó en la decisión sobre los proyectos eólicos. Esta actitud no solo es una falta de respeto hacia un miembro del poder judicial, sino que también sembraría dudas sobre la objetividad de los magistrados.

Es comprensible que la Xunta no esté de acuerdo con las decisiones judiciales, pero la respuesta adecuada no es cuestionar la objetividad de los magistrados ni ignorar las sentencias del Tribunal Supremo. La Xunta debe actuar dentro del marco legal y presentar los recursos correspondientes ante las instancias judiciales pertinentes.

Es relevante destacar que los proyectos eólicos están siendo supervisados de manera estricta por los técnicos de la Xunta. Si bien es cierto que algunos proyectos no han sido aprobados debido a incumplimientos técnicos, aquellos que han sido aceptados cumplen con todas las obligaciones desde el punto de vista técnico.

En lugar de criticar y cuestionar a los magistrados, la Xunta debería centrarse en garantizar que los proyectos eólicos se desarrollen de manera sostenible y respetando el medio ambiente. Además, es crucial que se respete el derecho de los ciudadanos a participar en el proceso de toma de decisiones y a tener acceso a la información relevante.

En conclusión, es preocupante la actitud del presidente de la Xunta en funciones al cuestionar la objetividad de los magistrados y al ignorar las sentencias del Tribunal Supremo. La Xunta debe actuar dentro del marco legal y garantizar la transparencia y participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones sobre los proyectos eólicos.

Redacción

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