El fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el abuso de interinos en la Administración Pública española ha generado dudas en el Tribunal Supremo español. Ante esta situación, el Supremo ha decidido iniciar actuaciones para formular una cuestión prejudicial al TJUE con el fin de aclarar ciertos aspectos del fallo europeo.

En su sentencia, el TJUE señala que la legislación española no disuade adecuadamente a las Administraciones Públicas del abuso de la contratación temporal y propone hacer fijos a los trabajadores afectados como solución. Sin embargo, el Tribunal Supremo tiene dudas sobre cómo compatibilizar esta doctrina con las normas de acceso al empleo público y con las reglas del ordenamiento jurídico nacional que garantizan el derecho de acceso al empleo público conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad.

El TJUE considera que los contratos indefinidos no fijos prorrogados sucesivamente pueden ser convertidos en contratos fijos como solución al abuso de la contratación temporal. Además, el tribunal europeo advierte que es responsabilidad de la Justicia española modificar la jurisprudencia nacional si está basada en una interpretación incompatible con los objetivos de la legislación europea.

El TJUE responde a una petición del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) relacionada con el caso de tres trabajadores con contratos temporales sucesivos en la Administración Pública. El tribunal europeo considera que estos trabajadores deben ser considerados como trabajadores con contrato de duración determinada y están comprendidos en el ámbito de aplicación del acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada.

El TJUE también señala que convocar en plazo procesos selectivos para la cobertura definitiva de las plazas ocupadas provisionalmente por trabajadores temporales es una medida adecuada para evitar la precariedad laboral. Sin embargo, el tribunal europeo indica que, según el TSJM, estos plazos no se respetan y los procesos selectivos son poco frecuentes.

En conclusión, el fallo del TJUE ha generado dudas en el Tribunal Supremo español sobre cómo aplicar la doctrina propuesta por el tribunal europeo. Es necesario aclarar cómo se pueden compatibilizar las normas de acceso al empleo público y los principios de igualdad, mérito y capacidad con la propuesta de hacer fijos a los trabajadores afectados. Además, se debe resolver la falta de convocatorias efectivas de procesos selectivos para evitar la precariedad laboral.