Título: La politización de la justicia: un caso preocupante
En la reciente noticia sobre la apertura de causa para investigar y enjuiciar al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y al diputado catalán Rubén Wagensberg por delitos de terrorismo en relación con el caso ‘Tsunami Democràtic’, se revela una preocupante politización de la justicia. Este hecho plantea serias dudas sobre la imparcialidad y la objetividad que deberían prevalecer en el sistema judicial.
Es indudable que los delitos de terrorismo deben ser investigados y enjuiciados con la mayor rigurosidad. Sin embargo, en este caso en particular, resulta evidente que la apertura de la causa está motivada por razones políticas más que por la búsqueda de la justicia. El hecho de que el Tribunal Supremo haya acordado por unanimidad esta medida, sin tener en cuenta los argumentos y las pruebas presentadas por la defensa, genera una sensación de arbitrariedad y de falta de garantías procesales.
Es importante recordar que tanto Carles Puigdemont como Rubén Wagensberg son figuras políticas destacadas en Cataluña y que su implicación en el caso ‘Tsunami Democràtic’ ha sido objeto de disputa política desde el principio. La instrumentalización de la justicia con fines políticos es una práctica que debe ser condenada y que socava los principios fundamentales de un Estado de derecho.
Además, la acusación de terrorismo parece desproporcionada y exagerada en este caso. ‘Tsunami Democràtic’ fue un movimiento pacífico que utilizó métodos de protesta no violentos para expresar su descontento político. El uso de la figura del terrorismo para criminalizar a aquellos que disienten de la línea oficial solo sirve para restringir la libertad de expresión y de protesta, derechos fundamentales en cualquier democracia.
La independencia judicial es un pilar fundamental de cualquier sistema democrático. La politización de la justicia no solo pone en entredicho la imparcialidad de los jueces y su capacidad para aplicar la ley de manera objetiva, sino que también erosiona la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial. Si los ciudadanos perciben que la justicia está al servicio de intereses políticos, se debilita la legitimidad del sistema y se fomenta la desconfianza y el descrédito hacia las instituciones.
Es responsabilidad de los profesionales del derecho y de la sociedad en su conjunto denunciar y combatir estas prácticas de politización de la justicia. La defensa de la independencia judicial y de los derechos fundamentales debe estar por encima de cualquier interés político. Solo así podremos garantizar un sistema judicial justo y equitativo, en el que se respeten los principios básicos del Estado de derecho.