La reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) sobre el abuso de la contratación temporal en España es un duro golpe a la legislación nacional y pone de manifiesto la falta de medidas disuasorias para evitar esta práctica.
La sentencia del TUE destaca que el Derecho español no disuade adecuadamente a las Administraciones Públicas del abuso de la contratación temporal, lo que lleva a emplear a trabajadores de forma precaria «durante años». Esto es especialmente preocupante en el sector público, donde debería primar la estabilidad laboral y la protección de los derechos de los trabajadores.
El TUE señala que, ante la falta de medidas adecuadas en la legislación española, la conversión de contratos temporales en contratos fijos puede ser una solución para prevenir y sancionar los abusos derivados de la utilización sucesiva de contratos temporales. Sin embargo, deja en manos de la Justicia española la modificación de la jurisprudencia nacional si esta se basa en una interpretación incompatible con los objetivos de la legislación europea.
Es preocupante que la normativa española no garantice la convocatoria efectiva de procesos selectivos para cubrir de manera definitiva las plazas ocupadas provisionalmente por trabajadores temporales. Esto permite que se perpetúe la situación de precariedad de estos trabajadores y puede conducir a la utilización abusiva de relaciones laborales temporales para satisfacer necesidades permanentes y estables en materia de personal.
Además, el TUE critica que la indemnización tasada por extinción de contrato de 20 días por año no sanciona adecuadamente el abuso de los contratos temporales, ya que esta indemnización se abona independientemente del carácter legítimo o abusivo de la utilización de dichos contratos. Tampoco considera que la convocatoria de procedimientos de consolidación prevista en el Derecho español sea adecuada para sancionar debidamente la utilización abusiva de relaciones laborales temporales.
En resumen, la sentencia del TUE pone de manifiesto la falta de medidas disuasorias en el Derecho español para prevenir y sancionar el abuso de la contratación temporal, especialmente en el sector público. Es necesario que se tomen medidas urgentes para garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores y evitar la utilización abusiva de relaciones laborales temporales.