El reciente pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la venta online de medicamentos sin receta ha generado una importante polémica en el ámbito legal y farmacéutico. Si bien es cierto que el TJUE ha determinado que las autoridades nacionales no pueden prohibir la venta online de medicamentos sin receta a través de plataformas que ponen en contacto a farmacéuticos y clientes, a pesar de no tener la condición de farmacéutico, considero que esta decisión es cuestionable y puede tener consecuencias negativas para la salud pública.
El tribunal argumenta que el servicio de puesta en contacto de farmacéuticos y potenciales clientes para la venta de medicamentos debe entenderse como un «servicio de la sociedad de la información» y, por lo tanto, se aplican las reglas de la Unión Europea en esta materia. Si bien es cierto que la venta online de productos es una realidad en la actualidad y puede ofrecer beneficios en términos de comodidad y accesibilidad, es necesario establecer regulaciones adecuadas para garantizar la seguridad y eficacia de los medicamentos que se venden.
La decisión del TJUE permite que cualquier persona, incluso sin la condición de farmacéutico, pueda intermediar en la venta de medicamentos sin receta a través de plataformas online. Esto plantea serias dudas en cuanto a la calidad y autenticidad de los productos que se comercializan. La venta de medicamentos sin receta requiere de un conocimiento especializado para asegurar que los productos sean adecuados para el consumidor y que se sigan las instrucciones de uso adecuadas.
Además, la sentencia establece que los Estados miembros pueden prohibir la venta de medicamentos sin prescripción médica a prestadores de servicios que no tengan la condición de farmacéutico, pero no pueden prohibir la actividad de aquellos que se limiten a poner en contacto a vendedores y clientes. Esta distinción es problemática, ya que no garantiza la protección de los consumidores frente a posibles fraudes o productos falsificados.
Es responsabilidad de los Estados miembros velar por que los medicamentos se ofrezcan al público a través de la venta a distancia, pero también es su deber asegurar que se cumplan los estándares de calidad y seguridad adecuados. Permitir la intermediación de personas no cualificadas en la venta de medicamentos sin receta puede poner en riesgo la salud de los consumidores y socavar la confianza en el sistema farmacéutico.
En conclusión, si bien la venta online de medicamentos sin receta puede ofrecer beneficios en términos de accesibilidad, es necesario establecer regulaciones adecuadas que garanticen la seguridad y eficacia de los productos que se comercializan. La decisión del TJUE de permitir la intermediación de personas no cualificadas en esta actividad pone en riesgo la salud de los consumidores y socava la confianza en el sistema farmacéutico. Es fundamental que los Estados miembros adopten medidas para garantizar la calidad y autenticidad de los medicamentos que se venden online y proteger así la salud pública.
