El TJUE establece que los empleados que utilicen datos de su empresa para emitir facturas falsas también deben asumir el pago del IVA.

La reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) respecto a la responsabilidad del trabajador que emita una factura falsa utilizando datos de su empleador o empresa plantea importantes interrogantes en relación a la lucha contra el fraude fiscal.

En primer lugar, es importante destacar que el objetivo de la directiva sobre el IVA es combatir el fraude, y en este sentido, el TJUE considera que una interpretación que exonere al trabajador de abonar los impuestos de la factura falsa sería contraria a dicho objetivo. Sin embargo, resulta preocupante que se establezca esta responsabilidad sin tener en cuenta otros factores relevantes.

El fallo del TJUE establece que el deudor del IVA no puede ser el emisor aparente de una factura falsa cuando actúa de buena fe y la Administración tributaria conoce la identidad de la persona que realmente emitió la factura. Sin embargo, se exige al empleador demostrar una diligencia razonablemente exigida para controlar los actos de su empleado y evitar el uso de sus datos para emitir facturas falsas.

Esta carga probatoria puede resultar excesiva para el empleador, ya que puede ser difícil demostrar que ha cumplido con todas las medidas de control necesarias para evitar el fraude. Además, la sentencia no establece criterios claros sobre qué se considera como una «diligencia razonablemente exigida», lo que deja margen para la discrecionalidad de la Administración tributaria o del juez nacional a la hora de evaluar si el empleador ha actuado con la mencionada diligencia.

Resulta necesario que se establezcan criterios más claros y objetivos para determinar la responsabilidad del empleador en estos casos. Además, se debería tener en cuenta el contexto en el que se produce el fraude, ya que existen situaciones en las que el empleado puede actuar de forma independiente y sin el conocimiento o consentimiento del empleador.

Asimismo, es importante destacar que, si bien se busca combatir el fraude fiscal, también se debe garantizar la protección de los derechos del trabajador. Establecer una responsabilidad automática del empleado por emitir una factura falsa puede afectar su derecho a la presunción de inocencia y a un juicio justo.

En conclusión, si bien es importante luchar contra el fraude fiscal, la reciente sentencia del TJUE plantea interrogantes en relación a la responsabilidad del trabajador y la carga probatoria impuesta al empleador. Es necesario establecer criterios claros y objetivos para determinar la responsabilidad en estos casos, y garantizar la protección de los derechos del trabajador en el proceso.

Redacción

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