El reciente fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en relación a la obligación de consultar a los representantes de los trabajadores en procesos de despido colectivo plantea ciertas preocupaciones desde un punto de vista legal. Si bien es importante garantizar los derechos de los trabajadores en situaciones de despido, esta sentencia podría tener consecuencias negativas para las empresas y su capacidad de gestionar eficientemente sus recursos humanos.

En primer lugar, es discutible que la obligación de consulta comience en el momento en que el empresario plantea o proyecta una reducción de la plantilla. Esto podría generar incertidumbre y dificultades para las empresas, ya que tendrían que iniciar un proceso de consulta incluso antes de tomar decisiones concretas sobre los despidos. Esto podría ralentizar el proceso de reestructuración y dificultar la toma de decisiones empresariales.

Además, la sentencia establece que la obligación de consulta nace desde el momento en que el empresario se plantea o proyecta una disminución de puestos de trabajo que puede superar los umbrales establecidos. Sin embargo, no se especifica claramente cuáles son estos umbrales y cómo se determinan. Esto deja margen para la interpretación y podría generar confusiones y conflictos entre las empresas y los representantes de los trabajadores.

En el caso concreto de Resorts Mallorca Hotels International, el Tribunal de Justicia argumenta que la empresa sabía que la cesión de la gestión de siete de sus establecimientos implicaría una reducción significativa de la plantilla en sus oficinas centrales. Sin embargo, no queda claro cómo se determinó esta reducción y si se tuvo en cuenta la viabilidad económica de la empresa. Es importante recordar que las empresas tienen la responsabilidad de tomar decisiones que garanticen su supervivencia y competitividad.

En resumen, si bien es necesario proteger los derechos de los trabajadores en procesos de despido colectivo, la reciente sentencia del TJUE plantea preocupaciones desde un punto de vista legal. La obligación de consulta desde el momento en que se plantea o proyecta una reducción de la plantilla puede generar incertidumbre y dificultades para las empresas. Además, la falta de claridad en cuanto a los umbrales y su determinación deja margen para la interpretación y podría generar conflictos. Es fundamental encontrar un equilibrio entre la protección de los derechos de los trabajadores y la viabilidad de las empresas.