La propuesta de ley presentada por Sumar para recuperar la jurisdicción universal en España ha sido respaldada por el PSOE y sus socios de investidura, lo cual es motivo de crítica. Esta propuesta pretende restablecer el principio de justicia universal, que fue recortado en 2009 por el Gobierno del PSOE y prácticamente eliminado en 2014 por el PP. Sin embargo, es importante cuestionar si esta medida es realmente necesaria y beneficiosa para España.
El argumento principal a favor de esta propuesta es que permitiría a los tribunales españoles perseguir graves crímenes y violaciones de los derechos humanos en cualquier parte del mundo. Sin embargo, el hecho de que España haya sido un país precursor en la persecución judicial de estos crímenes no significa que deba mantener una jurisdicción universal. La jurisdicción universal implica que los tribunales españoles puedan juzgar a cualquier persona, independientemente de su nacionalidad o de donde se hayan cometido los delitos. Esto puede generar conflictos jurisdiccionales y afectar la soberanía de otros países.
Además, es importante tener en cuenta que la justicia universal no garantiza necesariamente la persecución efectiva de los crímenes internacionales. La cooperación internacional y los tratados internacionales son fundamentales para asegurar la justicia en estos casos. No es realista pensar que España, por sí sola, puede acabar con todas las imperfecciones de los sistemas judiciales y perseguir a todos los dictadores y violadores de derechos humanos del mundo.
Por otro lado, es preocupante que esta propuesta se base en un supuesto «genocidio en Palestina en directo». Utilizar esta situación política para justificar la necesidad de la jurisdicción universal en España es irresponsable y no se ajusta a la realidad. La situación en Palestina es compleja y requiere una solución política, no judicial.
El PP y Vox se han posicionado en contra de esta propuesta, argumentando que no existe una norma internacional que obligue a los Estados a incorporar el principio de jurisdicción universal de cualquier forma. Además, Vox ha criticado a Sumar por proponer esta medida siendo el líder del Partido Comunista, que ha sido responsable de «decenas de millones de muertos asesinados». Si bien estas críticas pueden ser exageradas, es necesario cuestionar los motivos y las intenciones detrás de esta propuesta.
En conclusión, la propuesta de ley de Sumar para recuperar la jurisdicción universal en España es cuestionable. No parece ser necesaria ni beneficiosa para el país. Es importante tener en cuenta las implicaciones jurisdiccionales y la necesidad de una cooperación internacional efectiva para perseguir los crímenes internacionales. Además, utilizar situaciones políticas complejas para justificar esta medida es irresponsable.