La noticia presenta las declaraciones del presidente interino del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán, en las que destaca la importancia de que los jueces estén sujetos al imperio de la ley, pero también señala la posibilidad de plantear cuestiones de inconstitucionalidad o prejudiciales en caso de dudas sobre la aplicación de una eventual ley de amnistía.

En primer lugar, es importante destacar que la independencia judicial es un pilar fundamental en un Estado de Derecho. Los jueces deben ser imparciales y aplicar la ley de manera objetiva, sin influencias políticas o externas. En este sentido, es alentador que el presidente interino del Tribunal Supremo reafirme la independencia de los jueces españoles.

Sin embargo, resulta preocupante que se mencione la posibilidad de plantear cuestiones de inconstitucionalidad o prejudiciales en el caso de una ley de amnistía. Una ley de amnistía es una medida excepcional que perdona o anula las penas impuestas por delitos cometidos en el pasado. En casos de violación de derechos humanos o crímenes graves, es importante que se haga justicia y se investiguen y juzguen los hechos de manera adecuada, sin dejar impunidad.

Es comprensible que los jueces tengan herramientas para consultar a instancias superiores en caso de dudas, pero en el caso de una ley de amnistía, es fundamental que se respeten los principios de justicia y legalidad. No se puede permitir que una posible amnistía genere impunidad o deje sin efecto las investigaciones y procesos judiciales en curso.

Además, se menciona la situación de bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la necesidad de renovarlo. Es evidente que la politización de este órgano puede afectar la percepción de independencia de la Justicia. Es necesario que el proceso de selección y renovación del CGPJ se realice de manera transparente y basado en criterios de mérito y capacidad, y no en intereses políticos o partidistas.

Por otro lado, es importante destacar las palabras del magistrado Pablo Lucas sobre la responsabilidad penal de los jueces. Es alentador que los propios jueces sean los encargados de exigir responsabilidades penales a sus colegas, ya que esto refuerza la independencia judicial y la confianza en el sistema de justicia.

En conclusión, si bien es positivo que se reafirme la independencia judicial y se destaque la responsabilidad de los jueces, es preocupante la posibilidad de plantear cuestiones de inconstitucionalidad o prejudiciales en el caso de una ley de amnistía. La justicia y la legalidad deben prevalecer en todo momento, especialmente en casos de violación de derechos humanos o crímenes graves. Además, es necesario abordar la situación de bloqueo del CGPJ y garantizar su renovación de manera transparente y basada en criterios de mérito y capacidad.