El caso Azud, que está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción número 13 de València, ha revelado nuevos informes que muestran presuntas irregularidades en el contrato del servicio de saneamiento de Acciona con el Ayuntamiento de València. Según el informe de la Agencia Antifraude, el perjuicio económico causado por este contrato asciende a más de 11 millones de euros.
Una de las sospechas de los investigadores es que José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa Rita Barberá, pudo haber recibido comisiones ilegales por mediar para que la adjudicación del contrato fuera para la UTE conformada por Acciona Infraestructuras e Infilco Española. Además, el informe de Antifraude señala que existieron irregularidades en el objeto y precio del contrato, lo cual constituye una causa de nulidad absoluta de pleno derecho.
Este caso también ha revelado otros proyectos investigados, como la construcción de un centro comercial con pista de nieve y el denominado ‘asunto colegios’. En este último caso, se investiga una permuta aprobada por el Ayuntamiento de València en la cual se entregaron parcelas a una empresa a cambio de asumir una deuda del consistorio con varios colegios religiosos.
Según los testimonios recogidos por la Guardia Civil, en relación a la deuda del Ayuntamiento, se les comunicó a los representantes de los colegios que el pago sería realizado por empresas a través de cheques. Además, se informó que el Ayuntamiento había llegado a un acuerdo con estas empresas para que pagaran la deuda a cambio de terrenos municipales.
Estos testimonios plantean serias dudas sobre la legalidad de esta permuta y la forma en que se llevó a cabo. Además, se menciona la contratación del despacho de abogados Corbín Abogados para llevar a cabo la tramitación administrativa de estos proyectos en el Ayuntamiento de València. Según los testimonios, se contrató a José María Corbín debido a su relación de parentesco con la alcaldesa y su capacidad para moverse dentro del Ayuntamiento.
Estos hechos son extremadamente preocupantes y demuestran la existencia de posibles casos de corrupción en la administración pública. Es fundamental que se realice una investigación exhaustiva y se lleve a cabo un proceso judicial transparente y justo para determinar las responsabilidades de los implicados. La sociedad valenciana merece una administración pública libre de corrupción y que actúe en beneficio de los ciudadanos.