La noticia de que el periodista Jesús Rodríguez y el escritor y empresario Josep Campmajó se han instalado en Suiza tras ser vinculados al Tsunami Democràtic por el juez que investiga el caso en la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, es preocupante y plantea serias dudas sobre la independencia judicial en España.

En primer lugar, es alarmante que estas personas se vean obligadas a abandonar su país y buscar refugio en otro lugar debido al temor a una posible detención y entrada en prisión. Esto es un claro indicio de la criminalización de la disidencia y la represión de la libertad de expresión en España.

Además, resulta inaceptable que se les acuse de presunto terrorismo sin pruebas contundentes que respalden estas acusaciones. Es preocupante que se utilice el término «terrorismo» de manera indiscriminada y sin base legal para criminalizar a aquellos que defienden ideas políticas diferentes a las del gobierno.

Es especialmente inquietante que se impute a Jesús Rodríguez por su labor periodística y por hacer el trabajo que se espera de un periodista: obtener información y darla a conocer a la sociedad. Esto es un claro ataque a la libertad de prensa y una amenaza para el ejercicio de un periodismo independiente y crítico.

Además, es sorprendente que se mencione la Ley de Amnistía como motivo para boicotear la tramitación de este procedimiento penal. La Ley de Amnistía fue promulgada en 1977 para garantizar la reconciliación y la convivencia tras la dictadura franquista, y no puede ser utilizada como excusa para obstaculizar la justicia y evitar que se investiguen presuntos delitos.

Es fundamental que la justicia garantice un proceso justo y equitativo para todos los imputados, y que se respeten los principios fundamentales del Estado de derecho, como la presunción de inocencia y el derecho a la defensa. Es responsabilidad de los jueces actuar de manera imparcial y basar sus decisiones en pruebas contundentes y no en meras suposiciones o acusaciones infundadas.

En resumen, la noticia de que Jesús Rodríguez y Josep Campmajó se hayan visto obligados a abandonar su país debido a la persecución política y judicial es un claro ejemplo de la falta de independencia judicial y la represión de la libertad de expresión en España. Es necesario que se respeten los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y que se garantice un proceso justo y equitativo para todos los imputados.