La propuesta de bonificar el 99% del impuesto de Sucesiones por parte de Junts es una medida que, según la portavoz Mònica Sales, sería asumible para la Generalitat de Cataluña. Sin embargo, esta afirmación plantea varias interrogantes y críticas en relación a la gestión de los recursos públicos.

En primer lugar, cabe destacar que esta bonificación significaría una pérdida de ingresos para las arcas públicas de entre 250 y 400 millones de euros. Aunque Sales considera que esta cifra es asumible teniendo en cuenta el incremento de 2.400 millones de euros en los Presupuestos de este año, es necesario cuestionar si realmente es una medida sostenible y responsable en términos financieros.

Bonificar el 99% del impuesto de Sucesiones podría tener repercusiones negativas en la economía catalana. Al reducir la recaudación de impuestos, se limitaría la capacidad de financiar servicios públicos esenciales como la educación, la sanidad o la infraestructura. Además, esta medida podría generar desigualdades y privilegios para aquellos que se beneficien de la bonificación, en detrimento de otros contribuyentes.

Es importante recordar que la financiación pública es fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades y el bienestar de toda la sociedad. La pérdida de ingresos que supondría la bonificación propuesta por Junts pondría en riesgo la capacidad del Gobierno para cumplir con sus responsabilidades y compromisos.

Además, resulta contradictorio que Junts proponga esta bonificación mientras también critica la falta de rumbo y desorientación del Govern en otros ámbitos, como el inicio del curso escolar. La falta de coherencia en las propuestas y la gestión de los recursos públicos plantea dudas sobre la capacidad de Junts para liderar un gobierno responsable y eficiente.

En conclusión, la propuesta de bonificar el 99% del impuesto de Sucesiones por parte de Junts plantea serias dudas en términos de sostenibilidad financiera y equidad social. Es necesario reflexionar sobre las implicaciones de esta medida y buscar alternativas que no comprometan la capacidad del Gobierno para cumplir con sus obligaciones y garantizar el bienestar de toda la sociedad catalana.