El artículo de opinión crítico se titula «La falta de retribución a abogados de oficio es un atropello a su dignidad profesional».
En la noticia se expone la grave problemática que enfrentan los abogados de oficio designados para la defensa de personas jurídicas en procedimientos penales, quienes no reciben ninguna retribución por sus servicios. El Colegio de la Abogacía de Madrid, a través de su decano Eugenio Ribón, ha dirigido una carta urgente al Ministerio de Justicia para solicitar una solución a esta situación.
Es innegable que los abogados designados de oficio tienen derecho a ser retribuidos por su trabajo, dedicación y esfuerzo. Estos profesionales se ofrecen voluntariamente para figurar en los listados del turno de oficio con la expectativa de recibir una compensación conforme a la ley. Por lo tanto, es injusto obligarlos a actuar de manera pro bono en contra de su voluntad.
Además de atentar contra la dignidad profesional de los abogados, esta falta de retribución también lacera la seguridad jurídica derivada de la legítima expectativa de indemnización por los servicios prestados. Es un claro abuso del derecho del propio sistema, que no puede ser tolerado.
Resulta sorprendente la pasividad del Ministerio de Justicia para abordar esta problemática que lleva latente desde 2019. Mientras el Ministerio se niega a pagar las actuaciones de los abogados de oficio designados para la defensa de personas jurídicas, la Comunidad de Madrid ha suscrito un convenio con el Consejo de Colegios de Abogados para asumir el pago de estos servicios. Esta diferencia de actitud es incomprensible y genera una desigualdad injustificada.
Es necesario que el Estado legisle para solucionar esta problemática y garantizar una retribución justa para los abogados de oficio. El Ministerio de Justicia debe encontrar una solución urgente, ya sea a través de medidas convencionales o legislativas. Es fundamental para cohesionar el sistema procesal y respetar la dignidad y el trabajo de estos profesionales.
El respaldo del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional a la demanda del Colegio de la Abogacía de Madrid es un hito importante en la lucha por solucionar este problema. La Ley de Asistencia Jurídica Gratuita debe ser reformada para garantizar que todas las actuaciones desarrolladas por los profesionales designados por turno de oficio sean abonadas.
Además de la retribución para los abogados de oficio en casos de defensa de personas jurídicas en procedimientos penales, también es necesario contemplar otros aspectos en la reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Es fundamental incluir expresamente los habeas corpus, la vía previa en la jurisdicción social y las prestaciones necesarias para que los beneficiarios de justicia gratuita puedan acogerse a la ley de segunda oportunidad. También se debe considerar que las ejecuciones sean una actuación diferenciada y abonada aparte.
En conclusión, la falta de retribución a los abogados de oficio designados para la defensa de personas jurídicas en procedimientos penales es un atropello a su dignidad profesional. El Ministerio de Justicia debe actuar de manera urgente para encontrar una solución a esta problemática y garantizar una retribución justa para estos profesionales. La reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita es necesaria para asegurar la igualdad y la justicia en el sistema procesal.