La noticia informa sobre la decisión del juez de la Audiencia Nacional de defender el uso del troyano por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el ‘caso Koldo’. El juez considera que esta medida no fue desproporcionada ni excesiva, rechazando así el recurso presentado por el presidente del Zamora CF, Víctor de Aldama. Sin embargo, el informe del fiscal aclara que el registro remoto conlleva una intromisión mucho más intensa que los registros directos y requiere una mayor complejidad técnica, lo que en este caso llevó a que no se pudiera ejecutar debido a problemas técnicos.

La noticia también menciona que el recurso presentado por De Aldama ante la negativa del juez a devolverle sus vehículos intervenidos ha sido desestimado. De Aldama argumenta que el auto de entrada y registro no habilita para el decomiso cautelar de sus vehículos, ya que se requiere de una resolución judicial específica que determine los bienes que pueden considerarse efectos de un delito. Además, sostiene que las medidas cautelares de carácter real adoptadas en el caso son desproporcionadas y que no se ha determinado el importe probable de las responsabilidades pecuniarias.

La defensa de De Aldama también critica la «indiscriminación» en las medidas cautelares adoptadas sobre sus bienes, enumerando inmuebles embargados y bienes muebles, incluidos varios vehículos de lujo. Además, señala que se le han bloqueado cuentas familiares y las cuentas del Zamora CF.

Desde un punto de vista crítico, es importante analizar si el uso del troyano por parte de la UCO es una medida proporcionada y acorde con los derechos fundamentales de los investigados. Si bien es cierto que la lucha contra la delincuencia organizada requiere de técnicas de investigación avanzadas, estas deben ser utilizadas de manera justificada y respetando los derechos de los ciudadanos.

En este sentido, la dificultad técnica para ejecutar el registro remoto plantea interrogantes sobre la viabilidad y eficacia de este tipo de medidas. Además, es necesario evaluar si se ha garantizado la transparencia y la proporcionalidad en la determinación de las medidas cautelares y en la valoración de los bienes intervenidos.

En conclusión, la noticia pone de manifiesto la controversia y los cuestionamientos legales que rodean al uso de técnicas de investigación avanzadas como el troyano. Es fundamental asegurar que estas medidas cumplan con los principios del Estado de derecho y no vulneren los derechos fundamentales de los investigados.