El artículo de opinión crítico se titula «Dudas sobre la imparcialidad del juez García Castellón en la investigación de contratos de mascarillas». En él, se cuestiona la designación del juez Manuel García Castellón como juez de garantías en la investigación de los contratos firmados por el Servicio Canario de Salud y el Servicio de Salud de las Islas Baleares con la presunta trama en la que habría participado Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, para el suministro de mascarillas.

En primer lugar, resulta preocupante que el juez García Castellón haya sido designado como juez de garantías en esta investigación, ya que anteriormente ha investigado al expresidente catalán Carles Puigdemont por un presunto delito de terrorismo en relación con la actuación de la plataforma independentista ‘Tsunami Democràtic’. Esta situación puede generar dudas sobre su imparcialidad y capacidad para llevar a cabo una investigación objetiva y transparente.

Además, es importante destacar que el Tribunal Supremo asumió la investigación de Puigdemont debido a su condición de aforado como eurodiputado, lo que indica que se consideró necesario un alto nivel de control y supervisión en el caso. En este sentido, resulta sorprendente que se haya designado al mismo juez para investigar los contratos de mascarillas, sin tener en cuenta la necesidad de garantizar la imparcialidad y transparencia del proceso.

Por otro lado, es fundamental señalar que la Fiscalía Europea adoptó esta decisión tras recopilar información adicional de la Fiscalía Anticorrupción y del Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional. Sin embargo, no se proporcionan detalles sobre la naturaleza de esta información adicional ni sobre los criterios utilizados para seleccionar al juez García Castellón como juez de garantías. Esto genera opacidad y falta de claridad en el proceso de designación.

Asimismo, resulta llamativo que la Fiscalía Anticorrupción española remitiera documentación a la Fiscalía Europea «al afectar a fondos de la Unión Europea». Esta información plantea serias dudas sobre la gestión de los fondos europeos destinados a la lucha contra la pandemia, así como sobre la eficacia de los mecanismos de control y supervisión implementados.

En conclusión, la designación del juez García Castellón como juez de garantías en la investigación de los contratos de mascarillas plantea serias dudas sobre su imparcialidad y transparencia. Además, la falta de información detallada sobre los criterios utilizados para seleccionarlo y la preocupación por la gestión de los fondos europeos generan incertidumbre sobre la eficacia del proceso de investigación. Es fundamental garantizar la confianza de la ciudadanía en la justicia y en la gestión de recursos públicos, por lo que resulta necesario revisar y mejorar los mecanismos de control y supervisión en este tipo de casos.