La noticia que nos ocupa pone de manifiesto una vez más la politización de los procesos judiciales en España y la falta de independencia del poder judicial. El juez Manuel García Castellón, encargado de investigar a ‘Tsunami Democràtic’, ha solicitado el informe de los fiscales del Tribunal Supremo que se mostraron a favor de investigar al expresidente catalán Carles Puigdemont por terrorismo, señalándolo como el líder «absoluto» de la plataforma.
Esta petición del juez demuestra una clara intención de utilizar el sistema judicial para perseguir a aquellos que no comparten la visión política del Estado español. Es alarmante que se acuse a Puigdemont de ser el líder de una plataforma pacífica como ‘Tsunami Democràtic’, que se ha caracterizado por su defensa de los derechos democráticos y su rechazo a la violencia.
Además, resulta preocupante que esta solicitud de información se realice en el contexto de la respuesta negativa de Suiza a prestar auxilio judicial al juez. Suiza consideró que debía decidir si existía un carácter político en la petición de información sobre la secretaria general de ERC, Marta Rovira. El juez García Castellón ha respondido a Suiza afirmando que los tratados internacionales prohíben rechazar la solicitud de asistencia judicial por motivos políticos en casos de terrorismo.
Sin embargo, resulta contradictorio que el juez considere «inadmisible» que Suiza solicite explicaciones sobre la ley de amnistía, mientras él mismo se niega a reconocer que la persecución de Puigdemont y otros líderes independentistas tiene un claro trasfondo político. La solicitud de explicación de Suiza sobre las posibles consecuencias de una ley de amnistía es legítima y muestra la preocupación por el respeto a los derechos humanos y al debido proceso.
Es evidente que estamos ante un caso en el que se utiliza el poder judicial para perseguir a líderes políticos independentistas, utilizando la figura del terrorismo como pretexto. El informe de los fiscales del Tribunal Supremo, en el que se acusa a Puigdemont de delitos de terrorismo, no se basa en pruebas sólidas y objetivas, sino en interpretaciones subjetivas y políticas.
Es lamentable que el poder judicial en España se haya convertido en una herramienta al servicio de los intereses políticos del Estado y que se utilice para reprimir y silenciar a aquellos que defienden el derecho a la autodeterminación. Es fundamental que se respete la independencia del poder judicial y se garantice un proceso judicial justo y equitativo.
En conclusión, esta noticia pone de manifiesto la necesidad de una reforma profunda del sistema judicial en España para garantizar la independencia y la imparcialidad de los jueces. Es imprescindible que se respeten los derechos fundamentales y se ponga fin a la persecución política a través del sistema judicial.
