El caso que se está investigando en la Audiencia Nacional sobre el papel de ‘Tsunami Democràtic’ en los altercados posteriores a la sentencia del ‘procés’ en 2019 ha generado polémica y controversia. En este sentido, el juez a cargo de la causa ha emitido un auto en el que critica duramente al fiscal del caso, Miguel Ángel Carballo, por su postura en relación al agente de Policía Iván Álvarez Fanginas, que ejerce como acusación particular en el proceso.
En primer lugar, resulta preocupante que el fiscal del caso haya apoyado el intento de la investigada Marta Molina de apartar al policía de la acusación, argumentando que no existía una conexión entre las lesiones sufridas por Álvarez Faginas y los hechos objeto de enjuiciamiento. Es importante recordar que el Ministerio Público tiene como misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, por lo que resulta contradictorio que el fiscal no esté respaldando la actuación de un policía que sufrió lesiones graves.
El juez ha tenido que recordar al fiscal que los indicios en este caso apuntan a la legitimidad de la persona que sufrió dichas lesiones para personarse como acusación particular y ejercer los derechos que le corresponden. Es fundamental garantizar la protección de los derechos de las víctimas y permitirles participar activamente en el proceso judicial.
Además, el magistrado ha señalado que existen elementos que apuntan a la posible comisión de un delito de terrorismo por parte de los organizadores de ‘Tsunami Democràtic’, incluyendo al expresidente catalán Carles Puigdemont. En este sentido, es relevante destacar que, según la jurisprudencia existente, se puede imputar a los integrantes de una organización actos realizados por otros miembros, especialmente si ocupan posiciones de jerarquía.
En cuanto a las lesiones sufridas por los agentes de policía, el juez ha remarcado que fueron muy graves y que incluso el presidente del Gobierno acudió a visitarles al hospital. Estas lesiones son incompatibles con el derecho a la vida y la integridad física reconocidos tanto en la Constitución como en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Por tanto, no se puede minimizar la gravedad de estos actos ni el daño causado, y es necesario investigar a los responsables.
En conclusión, resulta preocupante la postura adoptada por el fiscal del caso en relación al agente de Policía Iván Álvarez Fanginas, y es necesario reflexionar sobre la falta de apoyo a las víctimas y la defensa de la legalidad por parte del Ministerio Público. Es fundamental garantizar la legitimidad de las acusaciones particulares y perseguir de manera contundente los actos de violencia y terrorismo que se produzcan en nuestro país. La justicia debe actuar con firmeza y no permitir que estos hechos queden impunes.