El caso de la plataforma ‘Tsunami Democràtic’ y su presunta participación en los disturbios y acciones posteriores a la sentencia del ‘procés’ independentista catalán ha dado un nuevo giro con la orden del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón de localizar al diputado del Parlament por ERC Ruben Wagensberg, quien se encuentra en Suiza según su formación política. Esta decisión del juez es un hecho relevante en la instrucción sumarial, ya que se sospecha que el diputado podría haber intentado evadir la acción judicial.

Sin embargo, lo que resulta aún más destacable es la calificación de los hechos imputados a ‘Tsunami Democràtic’ como delito de terrorismo. El juez recuerda que esta calificación se ha mantenido desde el inicio del procedimiento, en octubre de 2019, y se ha reafirmado en informes posteriores de la Fiscalía. Además, tanto en las comisiones rogatorias enviadas a Suiza como a Estados Unidos, se ha hablado expresamente de delito de terrorismo.

Este hecho plantea varias interrogantes. ¿Por qué se ha tardado tanto en actuar contra ‘Tsunami Democràtic’ si desde el principio se consideraba que sus acciones podían constituir un delito de terrorismo? ¿Por qué no se ha presentado recurso alguno contra el auto del juez que califica los hechos como delito de terrorismo?

Es evidente que hay una falta de coherencia en el proceso judicial. Si desde el principio se tenía la convicción de que los hechos imputados a ‘Tsunami Democràtic’ podían constituir un delito de terrorismo, debería haberse actuado de manera más contundente y rápida. Además, resulta extraño que ninguna de las partes haya presentado recurso contra el auto del juez que califica los hechos como delito de terrorismo. Esto plantea dudas sobre la transparencia y el rigor del proceso judicial en este caso.

Por otro lado, es necesario destacar la ampliación de la comisión rogatoria remitida a Suiza para incluir información de AENA y Enaire, así como el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo. Estas ampliaciones demuestran la importancia de investigar todas las posibles ramificaciones y conexiones de ‘Tsunami Democràtic’, tanto a nivel nacional como internacional.

En conclusión, el caso de ‘Tsunami Democràtic’ plantea serias dudas sobre la actuación de la justicia en relación a este delito de terrorismo. La falta de coherencia en el proceso, la falta de recursos contra la calificación de los hechos como delito de terrorismo y la necesidad de ampliar las investigaciones a nivel nacional e internacional son aspectos que ponen en entredicho la eficacia y la transparencia de este caso. Es fundamental que la justicia actúe de manera coherente y rigurosa para garantizar un proceso justo y equitativo.