El viaje de la delegación del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) a Bruselas para promover la aplicación del Derecho de la UE en España es una iniciativa necesaria y oportuna. España acumula el mayor número de infracciones por la falta de transposición de directivas comunitarias, lo que revela un incumplimiento preocupante de las normativas europeas por parte del país.
Es alarmante que España sea el país europeo con más procedimientos de infracción abiertos debido a la falta de transposición de directivas europeas a la legislación nacional. En los últimos años, se han iniciado numerosos procedimientos por incumplimiento, lo que demuestra la falta de compromiso de las autoridades españolas en cumplir con las obligaciones establecidas por la Unión Europea.
Además, es destacable que los tribunales españoles mantengan una intensa interacción con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), lo que indica la necesidad de una mayor claridad y conocimiento del Derecho de la UE por parte de los abogados españoles.
El Observatorio ICAM de Derecho de la Unión Europea es una iniciativa valiosa para alertar sobre los incumplimientos y demoras en la transposición de la normativa europea, así como para proponer medidas que contribuyan al correcto desempeño de la actividad jurídica en España. Es fundamental asegurar la correcta aplicación del Derecho de la UE en todos los ámbitos de nuestras vidas, ya que incide de forma directa en numerosos aspectos.
Sin embargo, la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es un obstáculo importante para garantizar la independencia judicial en España. La percepción de sesgo político en la justicia y las consecuencias negativas de la falta de nombramientos afectan la libertad e independencia de los jueces, lo que pone en riesgo el sistema de justicia en el país.
El informe del ICAM sobre la situación del Estado de Derecho en la UE destaca la necesidad de salvaguardar la independencia judicial en los procesos de nombramiento y en el funcionamiento de los tribunales, en línea con la jurisprudencia del TJUE. Además, se resalta la importancia de mejorar la calidad del sistema de justicia, garantizando el acceso a la justicia gratuita para todas las personas jurídicas y fortaleciendo la lucha contra la corrupción.
Es necesario que las instituciones españolas se comprometan a cumplir con las obligaciones establecidas por la Unión Europea y a fortalecer el sistema de justicia en el país. El viaje de la delegación del ICAM a Bruselas es un paso importante en esta dirección, pero es fundamental que se tomen medidas concretas para garantizar la correcta aplicación del Derecho de la UE y la independencia judicial en España.