El reciente informe sobre las progresiones de tercer grado para presos de ETA en el País Vasco es motivo de gran preocupación y crítica. Desde que el Gobierno Vasco asumió la competencia penitenciaria en octubre de 2021, se han aprobado un total de 67 terceros grados, de los cuales el 35% no se han ejecutado debido a las decisiones de revocación de la Audiencia Nacional y las suspensiones por parte de la Fiscalía.
Es alarmante que se estén otorgando tantas progresiones de tercer grado a terroristas de ETA, especialmente considerando que estas decisiones contravienen las decisiones judiciales anteriores que fueron contrarias al Gobierno Vasco. Incluso se han duplicado o triplicado las decisiones de progresión en algunos casos, lo cual es inaceptable.
Es importante recordar que ETA ha sido responsable de numerosos actos terroristas y ha causado un gran sufrimiento a las víctimas y a la sociedad en general. Otorgarles beneficios penitenciarios tan significativos como el tercer grado es una falta de respeto hacia las víctimas y sus familias, así como una afrenta a la justicia y al Estado de derecho.
Entre los etarras beneficiados por el tercer grado, se encuentran personas condenadas por delitos graves como asesinatos y colaboración en atentados terroristas. Algunos de ellos han sido excarcelados por cumplimiento de sus condenas, lo cual plantea interrogantes sobre la efectividad de las penas impuestas y la garantía de que no representen un peligro para la sociedad.
Es especialmente preocupante el caso de Juan Carlos Subijana, condenado por colaborar en un atentado contra un funcionario de prisiones. A pesar de llevar 20 años en prisión, se ha pedido su excarcelación debido a su «delicado estado de salud». Sin embargo, la salud de un delincuente no debería ser motivo suficiente para otorgarle beneficios penitenciarios, especialmente cuando se trata de una persona involucrada en actos terroristas.
La situación se agrava al comparar las progresiones de tercer grado concedidas por el Gobierno Vasco con las aprobadas por el Gobierno central antes del acercamiento de los presos y la cesión de competencias. El Gobierno Vasco ha aprobado 40 progresiones más que el Gobierno central en un período de tiempo mucho más corto, lo cual levanta sospechas sobre la justificación y el criterio utilizado para tomar estas decisiones.
Es fundamental que se respete el principio de legalidad y que las decisiones sobre la progresión de tercer grado se tomen de manera rigurosa y basadas en criterios objetivos. Otorgar beneficios penitenciarios a terroristas sin tener en cuenta la gravedad de sus delitos, su arrepentimiento y su compromiso de reparación a las víctimas y a la sociedad, socava la confianza en el sistema de justicia y envía un mensaje equivocado.
En conclusión, la concesión masiva de progresiones de tercer grado a presos de ETA por parte del Gobierno Vasco es una afrenta a las víctimas del terrorismo y una falta de respeto hacia la justicia y el Estado de derecho. Es necesario revisar y corregir estas decisiones para garantizar que se haga justicia y se proteja a la sociedad de aquellos que han cometido actos terroristas.