El reciente hackeo sufrido por los ordenadores del despacho del abogado del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y del fiscalista encargado de su inspección fiscal es un hecho muy preocupante que merece una profunda reflexión.

El Gobierno regional ha apuntado directamente al Ejecutivo central como responsable de este hackeo, argumentando que el sistema utilizado es muy sofisticado y solo estaría al alcance de los estados. Si bien es cierto que en el ámbito de la ciberseguridad existen técnicas avanzadas que solo pueden ser utilizadas por actores con recursos significativos, es necesario contar con pruebas sólidas antes de realizar acusaciones tan graves.

Es comprensible que la presidenta de la Comunidad de Madrid se sienta preocupada y afectada por este incidente, ya que implica directamente a su pareja y a su entorno más cercano. Sin embargo, su respuesta ante esta situación es preocupante y carece de fundamento jurídico.

La presidenta Ayuso ha afirmado que existe una persecución política en su contra y que se busca aniquilar al adversario político. Estas acusaciones infundadas y sin pruebas solo contribuyen a generar un clima de confrontación y desconfianza en las instituciones.

Es importante recordar que vivimos en un Estado de Derecho en el que prevalece el principio de presunción de inocencia. El novio de la presidenta Ayuso, al igual que cualquier otro ciudadano, tiene derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial y a presentar su defensa ante las acusaciones que se le imputen. Hasta que no se demuestre su culpabilidad, no se le puede condenar ni difamar.

Además, resulta alarmante la falta de protección del expediente por parte de la Fiscalía y la divulgación de información confidencial por parte de algunos miembros del Gobierno. Estas acciones son contrarias a las obligaciones de sigilo y al respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

La presidenta Ayuso tiene todo el derecho de denunciar este hecho y exigir que se investigue a fondo para depurar responsabilidades. Sin embargo, debe hacerlo desde una perspectiva objetiva y jurídica, sin caer en acusaciones infundadas y sin utilizar este incidente como una herramienta política para victimizarse.

Es fundamental que, en un Estado de Derecho, se garantice que todos los ciudadanos sean tratados por igual, independientemente de sus relaciones sentimentales o de sus posiciones políticas. La justicia debe ser imparcial y actuar de acuerdo con los principios legales establecidos.

En conclusión, el hackeo sufrido por los ordenadores del despacho del abogado del novio de la presidenta Ayuso y del fiscalista encargado de su inspección fiscal es un hecho grave que debe ser investigado a fondo. Sin embargo, es necesario actuar con prudencia y rigor jurídico, evitando acusaciones infundadas y respetando los principios fundamentales del Estado de Derecho. Solo así podremos garantizar la justicia y la igualdad de trato para todos los ciudadanos.