La noticia sobre la negativa de la Justicia suiza a colaborar en la localización de Marta Rovira hasta decidir si hay «carácter político» en la petición es sumamente preocupante y muestra una clara falta de cooperación entre países en materia de justicia.
Es decepcionante ver cómo un país que se considera una de las democracias más consolidadas se niega a colaborar con la justicia española en un caso tan importante como el del caso ‘Tsunami’. Esta negativa demuestra una falta de compromiso con la lucha contra la corrupción y el respeto al estado de derecho.
Es importante recordar que el caso ‘Tsunami’ está relacionado con el supuesto desvío de fondos públicos para financiar el proceso independentista en Cataluña. Este es un delito grave que debe ser investigado y castigado, sin importar el carácter político que se pueda atribuir a la petición.
La negativa de Suiza a aportar información y su sugerencia de intencionalidad política en la petición son inaceptables. La cooperación entre países en materia de justicia es fundamental para garantizar la eficacia de las investigaciones y la lucha contra la impunidad.
Es responsabilidad de los jueces y fiscales suizos actuar de manera imparcial y objetiva, sin dejarse influir por consideraciones políticas. La justicia debe ser independiente y actuar en beneficio de la sociedad, sin importar las implicaciones políticas que pueda tener un caso.
Además, es importante destacar que la ley de amnistía que se tramita en el Congreso de los Diputados no debería ser un obstáculo para la cooperación entre países en materia de justicia. Si existen delitos que deben ser investigados y juzgados, no se puede permitir que una ley de amnistía impida la acción de la justicia.
En conclusión, la negativa de la Justicia suiza a colaborar en la localización de Marta Rovira hasta decidir si hay «carácter político» en la petición es un claro ejemplo de falta de cooperación y compromiso con la justicia. Es fundamental que los países trabajen juntos en la lucha contra la corrupción y el respeto al estado de derecho, sin dejarse influir por consideraciones políticas.
