La reciente noticia sobre la reforma constitucional llevada a cabo por la Asamblea Nacional de Nicaragua para quitarles la nacionalidad a los considerados «traidores a la patria» es motivo de preocupación y crítica. Esta medida, que implica la deportación inmediata de más de 220 presos políticos a Estados Unidos, es una clara violación de los derechos humanos y una muestra más de la represión que se vive en el país.
En primer lugar, es preocupante que el régimen de Daniel Ortega considere a estas personas como «traidores a la patria» simplemente por ejercer su derecho a la libertad de expresión y disentir con el gobierno. Esta medida es una clara muestra de la criminalización de la protesta y la represión de la disidencia en Nicaragua.
Además, la reforma constitucional que quita la nacionalidad nicaragüense a estos presos políticos es una violación flagrante de sus derechos fundamentales. El derecho a la nacionalidad es un derecho humano reconocido internacionalmente y no puede ser arrebatado de manera arbitraria. Esta medida deja a estas personas en un limbo legal y sin protección alguna.
Por otro lado, es preocupante que las autoridades estadounidenses hayan aceptado acoger a estos presos políticos como refugiados en virtud de un acuerdo con el régimen de Ortega. Si bien es importante brindar protección a aquellos que sufren persecución política, es necesario cuestionar la legitimidad de este acuerdo y asegurar que las personas que se consideran refugiadas sean realmente merecedoras de esta protección.
Es importante recordar que la comunidad internacional ha denunciado en reiteradas ocasiones las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. Organismos como Naciones Unidas y Amnistía Internacional han instado al gobierno de Ortega a liberar a los presos políticos y respetar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.
En conclusión, la reforma constitucional llevada a cabo por la Asamblea Nacional de Nicaragua para quitarles la nacionalidad a los presos políticos es una clara violación de los derechos humanos y una muestra más de la represión que se vive en el país. Es importante que la comunidad internacional siga denunciando estas violaciones y exigiendo que se respeten los derechos fundamentales de todos los ciudadanos nicaragüenses.