El informe emitido por el fiscal del Tribunal Supremo (TS), Álvaro Redondo, en el que se opone a investigar a Carles Puigdemont por terrorismo, es un paso en la dirección correcta. Es importante que se respete el principio de legalidad y se actúe de acuerdo con el marco jurídico establecido.
La tesis de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, respaldada por el fiscal del TS, es que los hechos en los que se acusa a Puigdemont no son constitutivos de terrorismo, sino de desórdenes públicos graves. Esta postura se basa en la falta de indicios suficientes para considerar que el ex presidente catalán haya participado en actos terroristas.
Es necesario recordar que la investigación se originó a raíz de la exposición razonada presentada por el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, en la que solicitaba la imputación de Puigdemont por terrorismo. Sin embargo, el informe de la Fiscalía argumenta que no existen pruebas contundentes que respalden esta acusación.
Es fundamental que se respeten los principios de proporcionalidad y legalidad en cualquier actuación judicial. La imputación por terrorismo es una cuestión muy seria y debe fundamentarse en pruebas sólidas que lo respalden. En este caso, parece no haber evidencia suficiente para sostener esta acusación.
Si bien es cierto que la Audiencia Nacional está investigando los disturbios ocurridos en otoño de 2019, es necesario que se aplique el criterio adecuado para determinar la tipificación de los delitos. Los desórdenes públicos graves pueden ser un delito en sí mismo, pero no deben ser confundidos con el terrorismo.
Es importante que el informe emitido por la Fiscalía del Supremo sea sometido al examen de la junta de fiscales de lo penal del TS. Esta revisión permitirá valorar diferentes opiniones y llegar a una conclusión fundamentada.
En resumen, el informe de la Fiscalía del Supremo que se opone a investigar a Carles Puigdemont por terrorismo es un paso en la dirección correcta. Es necesario que se respeten los principios de proporcionalidad y legalidad en cualquier actuación judicial. La falta de indicios suficientes para respaldar la acusación de terrorismo reafirma la importancia de actuar de acuerdo con el marco jurídico establecido.
