El fiscal de la Audiencia Nacional ha criticado al juez Manuel García Castellón por pedir al Tribunal Supremo que impute a Carles Puigdemont y a Rubén Wagensberg sin haber realizado suficientes investigaciones previas. En su escrito, el fiscal alega que no se practicaron diligencias relacionadas con los aforados antes de tomar esta decisión y que el juez adoptó resoluciones contradictorias en un corto periodo de tiempo.
El fiscal también señala que se han llevado a cabo escasas diligencias y que no se han encontrado nuevos indicios de imputación contra los aforados. Además, critica al juez por haber extendido la práctica de diligencias sin justificación alguna y por atribuir hechos que ni siquiera se recogen en los informes de inteligencia de la Guardia Civil.
Además, el fiscal considera que no hay argumentos para imputar hechos de matiz terrorista a los investigados y que la causa debería ser remitida a los juzgados de Cataluña. También critica al juez por confundir ‘Tsunami Democràtic’ con los CDR, argumentando que son entidades y acciones diferentes.
En mi opinión, el fiscal tiene razón al cuestionar la actuación del juez en este caso. Parece claro que no se han llevado a cabo suficientes investigaciones antes de solicitar la imputación de los aforados. Además, la falta de nuevos indicios de imputación y la confusión entre ‘Tsunami Democràtic’ y los CDR demuestran una falta de rigurosidad en el proceso.
Es fundamental que se realicen investigaciones exhaustivas antes de tomar decisiones tan importantes como la imputación de personas, especialmente cuando se trata de aforados. La justicia debe basarse en pruebas sólidas y no en suposiciones o generalizaciones.
En este caso, parece que el juez ha actuado de forma precipitada y ha extendido la práctica de diligencias sin justificación. Esto socava la confianza en el sistema judicial y pone en duda la imparcialidad y la objetividad de la investigación.
Espero que el Tribunal Supremo revise detenidamente este caso y tome una decisión basada en una investigación adecuada y en el respeto a los derechos de los implicados. La justicia debe prevalecer, pero siempre con garantías procesales y con el debido proceso.