El fiscal afirma que García Castellón solicitó imputar a Puigdemont sin una investigación adecuada

El caso de la plataforma ‘Tsunami Democràtic’ y su supuesto papel en los altercados y acciones posteriores a la sentencia del ‘procés’ ha generado gran controversia en la opinión pública. Sin embargo, la actuación del fiscal de la Audiencia Nacional encargado de la investigación plantea serias dudas sobre su imparcialidad y profesionalismo.

Resulta preocupante que el fiscal haya criticado al juez Manuel García Castellón por elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo sin haber realizado ninguna diligencia en relación al expresidente catalán Carles Puigdemont y al diputado del Parlament Rubén Wagensberg. Esta crítica evidencia una falta de rigurosidad y una clara inclinación política por parte del fiscal.

La función de un fiscal es garantizar la justicia y perseguir los delitos, independientemente de la posición política de los implicados. Sin embargo, en este caso, parece que el fiscal está más interesado en proteger a los aforados que en investigar a fondo los hechos y presentar pruebas sólidas ante el Tribunal Supremo.

Es importante recordar que la justicia no debe estar supeditada a intereses políticos o partidistas. Los ciudadanos tienen el derecho de esperar que los fiscales y jueces actúen de manera imparcial y objetiva, sin dejarse influenciar por presiones externas o agendas ocultas.

La falta de diligencia por parte del fiscal en este caso es inaceptable y socava la credibilidad del sistema judicial. Su actuación demuestra una clara falta de profesionalismo y compromiso con la justicia. Es necesario que se investiguen las razones detrás de esta falta de actuación y se tomen las medidas correspondientes para garantizar la imparcialidad en futuras investigaciones.

En conclusión, la actuación del fiscal de la Audiencia Nacional en el caso de la plataforma ‘Tsunami Democràtic’ es altamente cuestionable y plantea serias dudas sobre su imparcialidad y compromiso con la justicia. Es fundamental que se investigue esta falta de diligencia y se tomen las medidas necesarias para garantizar la independencia y objetividad del sistema judicial. La justicia debe prevalecer sobre cualquier interés político o partidista.

Redacción

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