La noticia que nos ocupa revela un avance importante en la investigación de las presuntas presiones ejercidas sobre el extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas y su exabogado Javier Gómez de Liaño. El juez de la Audiencia Nacional ha citado en calidad de imputados al que fuera ‘número dos’ de Interior Francisco Martínez y al que fuera Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino.

Estas citaciones se basan en los elementos de cargo derivados de las agendas del investigado José Manuel Villarejo Pérez, un comisario jubilado que ha estado involucrado en múltiples casos de corrupción. Según las investigaciones, los archivos de audio encontrados en el domicilio de Halit Sahitaj y Jana Kleiner, y remitidos desde el despacho de Javier Gómez de Liaño, revelan un encargo realizado por terceras personas vinculadas al Partido Popular para evitar que salieran a la luz informaciones comprometedoras para el partido en relación con el caso Gürtel.

En este contexto, resulta preocupante que el juez haya decidido no citar al que fuera director de la Policía Ignacio Cosidó y al abogado del Estado en excedencia Alejandro Auset, alegando que no se ha encontrado ninguna conexión con los hechos investigados. Esta decisión es cuestionable, ya que las investigaciones han revelado anotaciones en las agendas de Villarejo que hacen referencia tanto a Gómez de Liaño como a Martínez y Pino. Es importante recordar que estos dos últimos se encuentran encausados en la pieza 7 del caso ‘Operación Kitchen’, la cual está íntimamente vinculada con la presente investigación.

Además, la declaración de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, en la que asegura no recordar que en sus reuniones con Villarejo se hablara de Bárcenas o de Gómez de Liaño, genera aún más sospechas sobre posibles encubrimientos y falta de transparencia dentro del partido.

En definitiva, es fundamental que se lleve a cabo una investigación exhaustiva y sin interferencias políticas para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. La ciudadanía merece saber si hubo presiones ilegales por parte del Partido Popular para ocultar información comprometedora y si estas presiones contaron con la complicidad de altos cargos de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior. Solo así se podrá recuperar la confianza en las instituciones y garantizar la justicia y la transparencia en nuestro sistema democrático.