Título: La falta de imparcialidad del juez García Castellón y su peligroso «terrorismo retrospectivo»
El reciente pronunciamiento del diputado de Sumar y dirigente de En Comú Podem, Gerardo Pisarello, en relación al juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, pone de manifiesto la preocupante falta de imparcialidad y objetividad en el sistema judicial español. La acusación de «terrorismo retrospectivo» por parte del juez es un claro ejemplo de cómo la ley de amnistía está siendo utilizada de manera sesgada y politizada para perseguir a los líderes independentistas catalanes.
Es alarmante que un magistrado, encargado de garantizar la justicia y el respeto a los derechos fundamentales, pueda ser señalado por alumnos de derecho como merecedor de ser acusado por prevaricación y ser recusado de las causas relacionadas con el ‘procés’. Esto evidencia una falta de confianza en la imparcialidad y la imparcialidad del juez García Castellón, lo que socava gravemente la credibilidad del sistema judicial.
El concepto de «terrorismo retrospectivo» planteado por el juez es sumamente problemático. Implica retroceder en el tiempo y reinterpretar acciones pasadas a la luz de leyes y criterios posteriores, lo cual va en contra de los principios fundamentales del derecho penal. La aplicación retroactiva de leyes es contraria al principio de legalidad, que establece que nadie puede ser condenado por un acto que no esté tipificado como delito en el momento de su comisión.
El juez García Castellón parece estar utilizando la ley de amnistía como una herramienta para perseguir a los líderes independentistas catalanes, en lugar de aplicarla de manera imparcial y justa. Esto plantea serias dudas sobre su capacidad para garantizar un juicio justo y equitativo, y pone en tela de juicio la legitimidad de las decisiones que pueda tomar en relación al ‘procés’.
Es fundamental que el sistema judicial español sea imparcial y garantice los derechos de todas las partes involucradas en un proceso legal. La politización de la justicia y la persecución selectiva de determinados actores políticos socavan la confianza en el sistema y ponen en riesgo el Estado de derecho.
En conclusión, la acusación de «terrorismo retrospectivo» por parte del juez García Castellón evidencia una preocupante falta de imparcialidad y objetividad en el sistema judicial español. La utilización sesgada de la ley de amnistía para perseguir a los líderes independentistas catalanes plantea serias dudas sobre su capacidad para garantizar un juicio justo y equitativo. Es necesario que se respeten los principios fundamentales del derecho penal y se evite la politización de la justicia para preservar la credibilidad y la legitimidad del sistema judicial.