La noticia informa sobre la concesión de una subvención directa de 17.400 euros al Ilustre Colegio de Abogados de Baleares por parte del Consell de Govern. Esta subvención tiene como objetivo llevar a cabo el proyecto ‘Prevención de la exclusión social mediante el empoderamiento: orientación jurídica gratuita a la población reclusa’. El plazo de ejecución del proyecto es hasta el 31 de diciembre de 2024.
Si bien es positivo que se realicen esfuerzos para prevenir la exclusión social y empoderar a la población reclusa, resulta cuestionable que se destinen recursos públicos a un proyecto que debería ser responsabilidad del sistema penitenciario y no de un colegio de abogados.
El sistema penitenciario tiene la obligación de garantizar el acceso a la justicia y la asistencia jurídica gratuita a las personas reclusas. Es su deber proporcionar los medios y recursos necesarios para que los internos puedan ejercer sus derechos y recibir asesoramiento legal cuando lo necesiten. Delegar esta responsabilidad en el Colegio de Abogados puede generar una sobrecarga de trabajo y limitar el acceso a la justicia de otros ciudadanos que también requieran asistencia jurídica gratuita.
Además, resulta preocupante que se destinen recursos públicos a un proyecto con un plazo de ejecución tan largo. Si el objetivo es prevenir la exclusión social y promover cambios positivos en las situaciones de las personas reclusas, es necesario actuar de manera más inmediata y eficiente. El plazo hasta 2024 parece excesivo y puede dar lugar a una dilación innecesaria en la implementación de las medidas necesarias.
En lugar de destinar recursos a proyectos externos, el gobierno debería centrarse en mejorar y fortalecer el sistema penitenciario para garantizar que cumple con sus obligaciones legales. Se deben asignar los recursos necesarios para proporcionar asesoramiento jurídico adecuado a las personas reclusas, así como para implementar programas de reinserción social efectivos.
En conclusión, si bien es loable la intención de prevenir la exclusión social y empoderar a la población reclusa, la concesión de esta subvención directa al Ilustre Colegio de Abogados de Baleares plantea interrogantes sobre la adecuada asignación de recursos públicos y la responsabilidad del sistema penitenciario. Es necesario que el gobierno priorice la mejora del sistema penitenciario y garantice el acceso a la justicia de todas las personas, sin depender de proyectos externos.
