El Colegio de Abogados de Almería ha aprobado en junta general extraordinaria la compra de un edificio de oficinas al Obispado de Almería. Esta adquisición, que supone el traslado de la sede del órgano colegial, ha generado cierta controversia y merece una crítica fundamentada.
En primer lugar, resulta cuestionable que el Colegio de Abogados haya decidido destinar recursos económicos a la compra de un edificio en lugar de utilizarlos para mejorar los servicios y actividades que ofrece a los letrados. La prioridad debería ser el beneficio de los colegiados y la promoción y defensa de sus intereses, y no la adquisición de un inmueble.
Además, el precio de adquisición del edificio, poco más de 1,1 millones de euros, resulta excesivo si se tiene en cuenta que el inmueble salió al mercado por cuatro millones de euros y posteriormente se le aplicó un descuento del 25%. Pareciera que se ha pagado un precio desproporcionado por un edificio que, aunque cuenta con siete plantas y 97 plazas de aparcamiento, no parece justificar esa inversión.
Por otro lado, es preocupante que esta compra se haya realizado al Obispado de Almería, en un contexto en el que la diócesis se encuentra en una situación de deuda cuantificada en 28,6 millones de euros. Resulta cuestionable que se destinen recursos a la compra de un edificio cuando existen otras necesidades más urgentes y prioritarias para la diócesis.
Además, es importante destacar que el edificio adquirido también alberga la vivienda del párroco de la Iglesia de Montserrat. Resulta inadecuado destinar recursos del Colegio de Abogados a la compra de un inmueble que incluye una vivienda religiosa, ya que esto no se corresponde con los fines y objetivos de la institución.
En resumen, la compra del edificio de oficinas por parte del Colegio de Abogados de Almería al Obispado de Almería genera ciertas dudas y críticas. Resulta cuestionable destinar recursos económicos a la adquisición de un inmueble en lugar de utilizarlos para mejorar los servicios y actividades para los colegiados. Además, el precio de adquisición parece desproporcionado y se realiza en un contexto en el que la diócesis se encuentra en una situación de deuda. Es necesario replantear las prioridades y destinar los recursos de manera más adecuada y eficiente.