El colaborador más cercano de Puigdemont denuncia la «voluntad obstruccionista» del tribunal a cargo de la investigación del ‘Tsunami’

Análisis crítico sobre la negativa del juzgado en la causa de ‘Tsunami Democràtic’ a proporcionar certificaciones solicitadas por la defensa de Josep Lluis Alay.

La noticia presentada nos informa sobre la acusación de la defensa de Josep Lluis Alay, conocido como la ‘mano derecha’ del expresidente catalán Carles Puigdemont, hacia el juzgado de la Audiencia Nacional encargado de la causa de ‘Tsunami Democràtic’. Según la defensa, el juzgado ha mostrado una «evidente voluntad obstructiva» al negarles el acceso a toda la información relativa al caso desde su apertura en octubre de 2019.

La defensa, representada por el abogado Gonzalo Boye, ha solicitado determinadas certificaciones en noviembre de 2023 con el fin de conocer todas las diligencias acordadas desde octubre de 2019, así como el número de órdenes europeas de investigación (OEDE) y comisiones rogatorias internacionales cursadas, y el total de personas investigadas en el procedimiento. También se ha pedido información sobre las fechas en las que el procedimiento ha permanecido en secreto, las prórrogas en ese periodo y los testigos, peritos e investigados que han declarado.

Sin embargo, la Letrada de la Administración del Estado (LAJ) ha solicitado justificación de los motivos y, posteriormente, se ha denegado la solicitud argumentando que era demasiado extensa y poco específica. La defensa de Alay lamenta esta decisión y argumenta que si el procedimiento está debidamente controlado, no debería haber problema en emitir las certificaciones solicitadas.

En este contexto, la defensa de Alay ha solicitado al juez que anule todo lo actuado desde el 29 de julio de 2021, ya que antes de esa fecha no existió una resolución que acordara la prórroga de las pesquisas, que es el plazo máximo de instrucción.

Este caso plantea serias preocupaciones sobre la transparencia y el acceso a la información en el sistema judicial. Es fundamental para la defensa tener conocimiento completo de las actuaciones realizadas en un procedimiento, ya que esto les permite preparar su estrategia y garantizar los derechos de sus clientes.

La negativa del juzgado a emitir las certificaciones solicitadas sin una justificación clara y con la excusa de que la solicitud era demasiado extensa y poco específica es preocupante. La defensa argumenta que proporcionaron los detalles necesarios en su solicitud, lo que indica que han seguido los procedimientos adecuados.

Además, la solicitud de anular todo lo actuado desde una fecha específica debido a la falta de una resolución de prórroga plantea dudas legítimas sobre la validez de las acciones llevadas a cabo posteriormente. Si no se cumplen los plazos y requisitos legales, se corre el riesgo de poner en entredicho la integridad del proceso y los derechos fundamentales de los investigados.

En conclusión, la negativa del juzgado en la causa de ‘Tsunami Democràtic’ a proporcionar las certificaciones solicitadas por la defensa de Josep Lluis Alay plantea serias preocupaciones sobre la transparencia y el acceso a la información en el sistema judicial. Es fundamental garantizar que los abogados tengan acceso completo a las actuaciones y que se cumplan los plazos y requisitos legales para preservar la integridad del proceso y los derechos fundamentales de los investigados.

Redacción

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