El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) ha emitido una sentencia que critica el cálculo de las contribuciones ‘ex ante’ al Fondo Único de Resolución (FUR) para 2022. En esta ocasión, se ha estimado el recurso presentado por la entidad de crédito francesa Dexia y se ha anulado la decisión de la Junta Única de Resolución (JUR) que fijaba estas contribuciones. Aunque la sentencia mantiene provisionalmente sus efectos, considera ilegal el cálculo realizado por la JUR.
La normativa establece que al calcular las contribuciones ‘ex ante’ para un año determinado, la JUR debe asegurarse de que el importe de estas contribuciones no exceda del 12,5% del nivel fijado como objetivo final. Sin embargo, el fallo del TGUE señala que la JUR incumplió esta exigencia al establecer el nivel objetivo anual para 2022 en un importe superior al límite permitido.
La JUR había fijado el nivel objetivo final en 79.987.450.580 euros, lo que implicaba que las contribuciones ‘ex ante’ para 2022 no debían superar los 9.998.431.322,50 euros. Sin embargo, se estableció un nivel objetivo anual de 14.253.573.821,46 euros, que posteriormente se redujo a 13.675.366.302,18 euros.
Esta infracción de la normativa justifica la anulación de la decisión impugnada en lo que respecta a Dexia. No obstante, el Tribunal General considera necesario mantener los efectos de la decisión hasta que la JUR tome las medidas necesarias para ejecutar la sentencia, durante un máximo de seis meses.
La sentencia también advierte que si la JUR tuviera que reembolsar de inmediato las contribuciones ‘ex ante’ de Dexia y de otras entidades que hayan presentado recursos similares, se podrían privar al FUR de los recursos financieros necesarios para garantizar la estabilidad de la zona euro y de la Unión Europea.
Esta sentencia es crítica con la actuación de la JUR y pone de manifiesto su incumplimiento de la normativa aplicable. Es importante que las instituciones encargadas de la gestión de fondos y recursos financieros cumplan con las regulaciones establecidas, ya que esto garantiza la transparencia y la legalidad en el sistema financiero europeo.