La decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de confirmar la personación como acusación particular de dos agentes de la Policía Nacional en la causa de ‘Tsunami Democràtic’ es cuestionable desde un punto de vista legal y ético. Esta decisión refleja una clara falta de imparcialidad por parte de la justicia y pone en tela de juicio la capacidad de los tribunales para garantizar un proceso justo.
En primer lugar, es importante destacar que los recursos presentados por los investigados Marta Molina y Oriol Soler, así como la Fiscalía, alegaban la falta de participación de ‘Tsunami Democràtic’ y de los investigados en la convocatoria de huelga y las manifestaciones del día 18 de octubre de 2019. Sin embargo, la Sala de lo Penal ha desestimado estos argumentos sin ofrecer una justificación convincente. Esta falta de fundamentación jurídica en la decisión judicial socava la confianza en el sistema judicial y plantea dudas sobre la imparcialidad de los magistrados.
Además, resulta preocupante que los hechos en cuestión sean considerados como parte del proceso y que los agentes de policía puedan personarse en calidad de víctimas. Si bien es cierto que estos agentes resultaron heridos durante las protestas en la Plaza de Urquinaona, es necesario analizar el contexto en el que se produjeron dichas lesiones. Según el relato de los propios agentes, los disturbios estaban protagonizados por «sectores radicales violentos» que empleaban técnicas de combate similares al terrorismo callejero. Esta descripción sugiere que los enfrentamientos fueron el resultado de una escalada de violencia en la que tanto los manifestantes como los agentes de policía tuvieron un papel activo.
En este sentido, es fundamental que los tribunales actúen de manera imparcial y objetiva, evaluando todas las pruebas y testimonios disponibles. Sin embargo, la decisión de permitir la personación de los dos agentes de policía como acusación particular parece favorecer una única versión de los hechos, sin considerar otras posibles interpretaciones. Esta falta de equidad en el proceso judicial pone en peligro el derecho a un juicio justo y socava la credibilidad del sistema de justicia.
En conclusión, la decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de permitir la personación de dos agentes de policía como acusación particular en la causa de ‘Tsunami Democràtic’ es altamente cuestionable. Esta decisión refleja una falta de imparcialidad por parte de los tribunales y plantea dudas sobre la capacidad de garantizar un proceso justo. Es necesario que la justicia actúe de manera objetiva y equitativa, evaluando todas las pruebas y testimonios disponibles, para asegurar la confianza en el sistema judicial y proteger los derechos fundamentales de todas las partes involucradas.
