La noticia sobre la comparecencia de Didier Reynders para discutir sobre la amnistía y la imputación por terrorismo de Puigdemont plantea una serie de interrogantes sobre la situación legal y el respeto al estado de derecho en Europa.

En primer lugar, es preocupante que se esté considerando una amnistía para una persona imputada por terrorismo. La amnistía es una medida excepcional que puede ser utilizada en casos específicos para promover la reconciliación y la paz, pero no debería ser aplicada a personas acusadas de crímenes graves como el terrorismo. Esto socava la credibilidad del sistema de justicia y envía un mensaje equivocado a la sociedad.

Además, la posible suspensión de los procedimientos judiciales nacionales mientras se espera la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea plantea dudas sobre la independencia y la eficacia de los sistemas judiciales nacionales. El principio de primacía del Derecho comunitario es fundamental para garantizar la coherencia y la uniformidad en la aplicación de la legislación europea, pero no debe utilizarse como excusa para retrasar o eludir la justicia en casos individuales.

Es importante recordar que todas las personas tienen derecho a un juicio justo y a ser juzgadas por sus actos de acuerdo con la ley. La suspensión de los procedimientos judiciales nacionales durante largos periodos de tiempo puede afectar negativamente a los derechos de las partes involucradas y dificultar la búsqueda de la verdad y la justicia.

En este sentido, es fundamental que la Unión Europea y sus instituciones mantengan un estricto respeto por el estado de derecho y las garantías procesales en todos los casos, sin importar la naturaleza política o controvertida de los mismos. La justicia debe ser imparcial y basada en pruebas, no en consideraciones políticas o partidistas.

En conclusión, la comparecencia de Didier Reynders para discutir sobre la amnistía y la imputación por terrorismo de Puigdemont plantea serias preocupaciones sobre el respeto al estado de derecho en Europa. Es fundamental que se respeten los principios fundamentales de la justicia y se garantice un juicio justo para todas las partes involucradas. La amnistía no debe ser utilizada como una herramienta para eludir la responsabilidad por crímenes graves, y la suspensión de los procedimientos judiciales debe ser limitada y justificada en casos excepcionales.