La reciente noticia sobre la incorporación de cuatro nuevos vocales al Patronato de la Fundación de la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) plantea ciertas interrogantes sobre la independencia y eficacia de este órgano de autorregulación.
En primer lugar, resulta preocupante que los nuevos vocales sean principalmente periodistas y abogados. Si bien es importante contar con expertos en la materia, la inclusión de profesionales de otros campos podría aportar una perspectiva más amplia y diversa a la hora de tomar decisiones relacionadas con la ética y deontología periodística.
Además, es cuestionable que la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo se constituya como un órgano ético de la profesión desde la autorregulación independiente y responsable. Si bien la autorregulación es una práctica común en el periodismo, su efectividad y transparencia pueden ser puestas en duda. En este sentido, sería deseable contar con mecanismos de supervisión externa que garanticen la imparcialidad y objetividad en la resolución de conflictos éticos.
Otro aspecto a considerar es la composición del Patronato de la Fundación, que está integrado por diversas asociaciones y colegios profesionales. Si bien es importante contar con la participación de diferentes actores del sector, resulta necesario asegurar que estos representen de manera equitativa los intereses de los periodistas y de la sociedad en general. Esto implica garantizar la independencia de estas organizaciones respecto a los poderes políticos y económicos, evitando posibles conflictos de interés.
En resumen, si bien la incorporación de nuevos vocales al Patronato de la Fundación de la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo de la FAPE es un paso en la dirección correcta, resulta necesario reflexionar sobre la efectividad y transparencia de este órgano de autorregulación. Es fundamental garantizar la independencia y diversidad en la toma de decisiones, así como contar con mecanismos de supervisión externa que aseguren la imparcialidad en la resolución de conflictos éticos. Solo de esta manera se podrá fortalecer la ética y deontología en el ejercicio periodístico y mantener la confianza de la sociedad en los medios de comunicación.