El abuso de la contratación temporal en la Función Pública ha sido puesto en evidencia una vez más, esta vez por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado que la temporalidad en las administraciones españolas sigue estancada en un 30%, muy por encima del límite legal del 8% marcado por la ley.
Es preocupante que los procesos selectivos realizados en el pasado no hayan garantizado la estabilización del empleo público. Esto demuestra una falta de voluntad de las administraciones para solucionar este problema y garantizar la seguridad laboral de los trabajadores.
Es por ello que CSIF reclama rendición de cuentas por parte de las administraciones y un mayor endurecimiento en las medidas contra la temporalidad. Además, exige la eliminación de la tasa de reposición, que limita la contratación de nuevos funcionarios para sustituir a los que se jubilan o dejan su puesto.
El sindicato también solicita que los procesos de estabilización iniciados a partir de 2021 concluyan de manera «satisfactoria» y no se vean afectados por la sentencia del TJUE. Es importante que se garantice la estabilidad laboral de los trabajadores que han sido contratados de forma temporal y que llevan años desempeñando sus funciones.
Es necesario recordar que la sentencia del TJUE analizó únicamente tres casos de personal laboral indefinido no fijo, por lo que no se deben generar falsas expectativas a corto plazo. Sin embargo, es responsabilidad de los tribunales españoles modificar la jurisprudencia para atender a estas situaciones y poner fin al abuso de la contratación temporal en la Función Pública.
En conclusión, es necesario que las administraciones españolas tomen medidas urgentes para reducir la temporalidad en la Función Pública y garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores. El abuso de la contratación temporal ha sido denunciado una vez más y es responsabilidad de todos velar por la seguridad jurídica y laboral de los empleados públicos.
