En base a la noticia presentada, resulta evidente que nos encontramos ante un caso grave de terrorismo y radicalización. El individuo en cuestión, Óscar J.V., mostró un claro interés por unirse a las filas de Estado Islámico (Daesh), lo cual es motivo de preocupación y repudio.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado una pena de 12 años de cárcel por el delito de integración en organización terrorista. Además, se solicita la pena de inhabilitación absoluta y especial para profesiones u oficios educativos por un período de 25 años. Estas medidas son necesarias para garantizar la seguridad de la sociedad y prevenir futuros actos terroristas.

Es alarmante que Óscar J.V. haya contactado a través de Internet con individuos vinculados a Daesh, manifestando su interés en unirse a ellos. Además, se le acusa de haber participado en la creación de material propagandístico del grupo en idioma español. Esto demuestra su compromiso con la causa terrorista y su disposición a promoverla.

El hecho de que Óscar J.V. haya grabado un vídeo de juramento al Estado Islámico y que este documento haya quedado almacenado en su teléfono móvil es una evidencia más de su vinculación con el grupo terrorista. Es necesario investigar a fondo su participación en actividades terroristas y asegurarse de que no represente una amenaza para la sociedad.

Resulta preocupante también que Óscar J.V. haya adquirido conocimientos en entrenamiento militar, preparación de explosivos y haya descargado un manual del francotirador. Estos actos demuestran una clara intención de llevar a cabo acciones violentas y ponen de manifiesto la necesidad de tomar medidas preventivas para evitar futuros atentados.

Es importante destacar la labor de las fuerzas de seguridad, en este caso la Guardia Civil, por su rápida acción y detención del individuo antes de que pudiera llevar a cabo su viaje a la zona controlada por Daesh. Su trabajo es fundamental para la prevención y lucha contra el terrorismo.

En conclusión, es fundamental que se aplique todo el peso de la ley en casos de terrorismo y radicalización como este. La solicitud de una pena de 12 años de cárcel y de inhabilitación absoluta y especial para profesiones educativas es justa y necesaria para proteger a la sociedad y prevenir futuros actos terroristas. La lucha contra el terrorismo debe ser una prioridad y todos los esfuerzos deben estar dirigidos a garantizar la seguridad de los ciudadanos.