La noticia que se presenta nos muestra la postura de la Federación Estatal de Trabajadores de las Administraciones Públicas de la Confederación General del Trabajo (Fetap-CGT) ante la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) sobre los interinos en la Administración. En este sentido, el sindicato ha anunciado que interpondrá demandas en tribunales europeos para presionar al ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, a tomar medidas contra la precariedad laboral en las administraciones.
La posición del sindicato es comprensible, ya que la sentencia del TUE señala que el Derecho español no disuade adecuadamente a las Administraciones Públicas del abuso de la contratación temporal, lo que puede llevar a emplear a trabajadores de forma precaria durante años. Es evidente que esta situación es injusta y debe ser corregida.
Sin embargo, es importante analizar el problema desde una perspectiva más amplia. La precariedad laboral no es un fenómeno exclusivo de las administraciones públicas, sino que afecta a diversos sectores y ámbitos de la sociedad. Si bien es cierto que el Estado debería ser un ejemplo en cuanto al respeto de los derechos laborales, también es importante reconocer las limitaciones y los retos a los que se enfrenta.
La carga de trabajo en las administraciones públicas es elevada y los recursos son limitados. Esto provoca demoras en la resolución de procedimientos y dificulta la contratación de personal suficiente. Es necesario encontrar un equilibrio entre garantizar los derechos de los trabajadores y asegurar la eficiencia y el correcto funcionamiento de los servicios públicos.
Es comprensible que el sindicato exija al ministro Escrivá que legisle y aplique la normativa recomendada por el TUE. Sin embargo, también es importante reconocer que la solución no es tan sencilla como parece. La eliminación de las tasas de reposición, por ejemplo, puede generar problemas en cuanto a la sostenibilidad económica de las administraciones públicas.
En lugar de centrarnos únicamente en la crítica y en la presión sobre el Gobierno, es necesario buscar soluciones conjuntas y dialogar para alcanzar acuerdos. Los agentes sociales, como CCOO, CSIF y UGT, también deben asumir su responsabilidad en la búsqueda de soluciones y trabajar de manera colaborativa con el Gobierno.
Es importante recordar que la precariedad laboral es un problema complejo que requiere un enfoque integral. No se trata solo de tomar medidas puntuales, sino de buscar soluciones a largo plazo que promuevan la estabilidad laboral y garanticen los derechos de los trabajadores. La presión y las movilizaciones pueden ser útiles para visibilizar el problema, pero no deben ser el único recurso.
En conclusión, la demanda del sindicato Fetap-CGT de interponer demandas en tribunales europeos para combatir la precariedad laboral en las administraciones públicas es comprensible. Sin embargo, es importante abordar el problema desde una perspectiva más amplia y buscar soluciones conjuntas y dialogadas que promuevan la estabilidad laboral y garanticen los derechos de los trabajadores, sin comprometer la eficiencia y el correcto funcionamiento de los servicios públicos.