La demanda interpuesta por la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO (FSS-CCOO) ante la Audiencia Nacional para exigir la clasificación profesional de los trabajadores públicos es una medida necesaria y justa. Es lamentable que se estén produciendo demoras injustificadas en el cumplimiento de un acuerdo suscrito entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública y CCOO.

En el Acuerdo mencionado, se establecía de manera expresa la plena aplicación de la clasificación profesional del personal al servicio de las administraciones públicas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 76 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (Trebep). Por lo tanto, es inaceptable que dicha disposición transitoria tercera del Trebep no se haya considerado culminada y que el proceso de implantación de las nuevas titulaciones en los procedimientos de acceso a las administraciones públicas siga sin concluir.

Es especialmente preocupante que esta situación afecte al personal estatutario del Sistema Nacional de Salud (SNS). En este ámbito, la reclasificación profesional es fundamental para los profesionales sanitarios que tienen la Titulación Académica Técnico de grado medio, ya que aún siguen adscritos al grupo de clasificación C2 en lugar del C1 que les corresponde. Del mismo modo, los profesionales que poseen el título de Técnico Superior continúan adscritos al grupo C1 en lugar del grupo B que les corresponde según sus derechos.

Esta situación es injusta y perjudica tanto a los trabajadores como a la calidad de los servicios sanitarios. La clasificación profesional adecuada no solo es una cuestión de reconocimiento y valoración del trabajo realizado, sino también de garantizar el acceso a mejores oportunidades laborales y salariales.

Es necesario que se adopten las medidas oportunas para corregir esta situación y garantizar la clasificación profesional adecuada de los trabajadores públicos. Las demoras injustificables y la falta de cumplimiento de acuerdos generan descontento y desmotivación en los empleados, lo que repercute negativamente en su rendimiento y en la calidad de los servicios que brindan a los ciudadanos.

Como abogado experimentado, considero que es fundamental que se respeten los derechos de los trabajadores y se cumpla con lo establecido en la legislación vigente. La demanda presentada por CCOO es un paso importante para hacer valer estos derechos y no debe ser ignorada. Las administraciones públicas tienen la responsabilidad de cumplir con los acuerdos suscritos y garantizar la clasificación profesional adecuada de sus empleados.