El reciente respaldo del Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Maciej Szpunar, al expresidente de la Generalitat y candidato de Junts+, Carles Puigdemont, en su recurso contra la decisión del Parlamento Europeo de no reconocerlo como eurodiputado, ha generado una fuerte crítica hacia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por parte del candidato de Cs a la Presidencia de la Generalitat, Carlos Carrizosa.

Carrizosa ha culpado a Sánchez de «amnistiar» a Puigdemont y ha argumentado que esta acción ha influido en la opinión del Abogado General del TJUE. Sin embargo, es importante destacar que la opinión del Abogado General no es vinculante y que la decisión final recae en el TJUE.

Es comprensible que Carrizosa y Cs se muestren en desacuerdo con la opinión del Abogado General, ya que esta contradice la decisión previa del TJUE de considerar inadmisible el recurso de Puigdemont. Sin embargo, es necesario recordar que el TJUE es una institución independiente y sus decisiones deben basarse en el cumplimiento de la ley y los tratados europeos.

Es preocupante que Carrizosa y Cs intenten politizar la situación y atribuir la opinión del Abogado General a influencias políticas, sin ofrecer pruebas concretas de ello. Esto socava la independencia y la imparcialidad de las instituciones europeas, que deben tomar decisiones basadas en la legalidad y no en intereses políticos.

Es importante recordar que la figura del Abogado General del TJUE está destinada a asesorar al Tribunal en casos complejos y su opinión no es vinculante. La decisión final será tomada por el TJUE, teniendo en cuenta la opinión del Abogado General, pero también otros factores legales y precedentes jurídicos.

En lugar de criticar y cuestionar la independencia de las instituciones europeas, los políticos deberían respetar el sistema legal y confiar en que el TJUE tomará una decisión justa y fundamentada en la ley.

En conclusión, la crítica de Carrizosa hacia el presidente del Gobierno y la atribución de influencias políticas en la opinión del Abogado General del TJUE carecen de fundamento. Es importante recordar que la decisión final recae en el TJUE, una institución independiente que debe basar sus decisiones en la legalidad y no en intereses políticos.